- Acusan ejidatarios en Tulum de ‘falsos’ a Román Meyer y a Rafael Hernández. El Ejido Pino Suárez sí colinda con el mar, responden.
RODOLFO MONTES
TULUM, Q. ROO.- Representantes comuneros rechazaron que el Ejido José María Pino Suárez no colinde con el Mar Caribe, como lo afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer.
Joel Tovar Arcos, María Isabel Caro Cetina, Columba Archundia Garrido, Rodolfo Sosa Escobar, Lea Tun Cahuich, Juan Tun Mis, María Dolores Aguirre Pérez y Xóchitl de la Paz Barquera Martínez consideraron que el funcionario federal hizo una valoración incorrecta de las pruebas documentales que comprueban la localización del suelo ejidal en disputa jurídica.
Las ejidatarias y ejidatarios invocaron como evidencias el Dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario del 30 de marzo de 1973, que ampara la titularidad de la propiedad del ejido, y la Resolución Presidencial del 8 de octubre del mismo año, mediante el cual se creó el núcleo agrario.
Igualmente citaron el título de propiedad 673 con fecha del 27 de diciembre de 1948, que comprueba la existencia de una parcela de 49-69-99-00 hectáreas (ha) ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a favor de Antonio González Avilés.
Los quejosos combatieron lo expresado por el funcionario federal y posteriormente ahondado por el Procurador Agrario, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón durante la ‘Mañanera’ del Presidente López Obrador, el pasado lunes.
Dijeron que el contexto histórico que avala la localización y propiedad de los terrenos ocurrió a partir de 1973, cuando González Avilés tenía además del citado terreno, un segundo predio de 105-60-00 hectáreas en la Delegación de Cozumel en la zona geográfica donde fue creado el Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) José María Pino Suárez, aunque de este último carecía de título de propiedad.
En el referido Dictamen reconoce que colindante a la Zona Federal Marítimo Terrestre (donde se crearía el NCPE) se encontraba un terreno propiedad de la Nación, cuya superficie de 105-60-00 ha tenía en posesión Antonio González, al igual que un segundo predio de 10-13-33 ha en posesión de Felipe Hernández Colli, los cuales debían afectarse para que el nuevo Centro tuviera salida al Mar Caribe.
Ahondaron que en la Resolución Presidencial se reconoció la afectación de los terrenos de ambas personas para pasar a ser propiedad del ejido, cuya colindancia se fijó con el cuerpo marino.
La resolución presidencial, agregaron, representa el título de propiedad del NCPE, cuya resolución es inmodificable como lo establece el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Reforma Agraria, misma que sigue vigente sin que se haya modificado.
Sin embargo, al predio 49-69-99-00 se le cambio documentalmente la ubicación, del municipio Felipe Carrillo Puerto al de Cozumel, según consta en la escritura 21 pasada ante la fe del Notario Público 33 de Mérida, Yucatán, licenciado Hernán Cetina Alberto, el 1 de julio de 1975, así como su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Chetumal, el día 3 del mismo mes y año.
Pero agregaron que la ubicación asignada colindante a la Zona Federal Marítimo terrestre fue sobre las 109-60-00 ha que antes le habían sido afectadas a Antonio González, lo que constituye un burdo fraude documental, ya que un terreno no puede cambiar de lugar ni mucho menos en sus coordenadas geográficas de ubicación.
En la misma tribuna que utiliza diariamente el Jefe del Ejecutivo, el procurador agrario, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, reconoció que la privatización de la tierra en disputa se generó desde la reforma en materia agraria de 1992, que “despertó todo un proceso de apropiación indebida a través de diversos mecanismos de la tierra ejidal”.
En el proceso, agregó, se modificaron los planos del ejido con el que había sido dotado y se extendió sobre unas porciones tituladas que provenían de terrenos nacionales, en cuyos procesos de asignación en 2006 y 2011, los propietarios combatieron hasta lograr la nulidad del parcelamiento y la anulación de mil 700 certificados parcelarios y títulos de propiedad.
Para el funcionario, la medida derivó en un amparo interpuesto contra la anterior sentencia, pero que se confirmó en una siguiente instancia.
En el fallo judicial definitivo de 2020, abundó, prohibió a cualquier autoridad, principalmente al delegado estatal en Quintana Roo, a participar en cualquier otro procedimiento de delimitación del núcleo agrario y la asignación de tierras ejidales.
Fue entonces que una orden judicial frenó cualquier parcelamiento mientras no se resolvieran los juicios en disputa sobre la titularidad de los terrenos colindantes al mar.
Palacios Mirón reconoció que el representante del Registro Agrario Nacional en el estado de Quintana Roo contravino la resolución judicial y emitió nuevos títulos de propiedad en 2021, razón por la cual fue separado de su cargo el año pasado y se reiteró la nulidad de los títulos en disputa.
De los títulos de propiedad ejidal, advirtió que “no hay ninguno que sea válido”, al mantenerse todos nulos.
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