Bajo investigación Laura Fernández

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Bajo investigación Laura Fernández
  • Respuesta inmediata de Fiscalía por desfalco de más de 90 mdp, solicitan a municipio información para la integración de carpeta contra Laura.
MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- En menos de 24 horas de que le fuera solicitada su intervención, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo comenzó la investigación por el desfalco de 90 mdp presuntamente cometido por la ex alcaldesa Laura Fernández Piña.

A través del oficio número FGE/FECC/DGIAP/UEIAPZS/0013/2022, la Fiscalía que dirige Rosaura Villanueva Arzápalo solicitó el pasado viernes 24 de marzo a la oficial mayor del municipio de Puerto Morelos, Irma Ávila Méndez, información sobre los presuntos responsables del desfalco: Laura Lynn Fernández Piña, actual candidata a la gubernatura por el PAN-PRD, del ex tesorero Eligio Sierra Peña, así como del ex contralor Raymundo Martínez Rivera.

La carpeta de investigación sobre este caso se inició desde el año pasado, bajo el número FGE/QR/FECC/CHE/0083/02/2021 cuando se hicieron públicas las denuncias sobre estos ominosos hechos que atentaron contra los servicios de salud de los trabajadores del ayuntamiento de Puerto Morelos.

La Fiscalía solicitó saber si cada una de las personas mencionadas han ocupado algún cargo dentro de la administración de Puerto Morelos, y de ser así, le fuera remitida la documentación del nombramiento, constancia de mayoría de validez, acta de sesión en donde tomó protesta y fecha de cuándo se les nombró como funcionarios municipales.

Igualmente, el área donde estuvieron adscritos, el tiempo en que duraron en su encargo, así como las funciones y facultades que ostentaban, debido a que “dicha información resulta indispensable y necesaria para la debida integración de la carpeta de investigación que nos ocupa…” 

En la solicitud se advirtió a la autoridad municipal que de no darse cumplimiento “implica una obstaculización a las funciones de investigación que lleva a cabo esta autoridad”, como lo dicta el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El ordenamiento obliga a todas las personas o servidores públicos a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto.

La deuda que heredó la ex alcaldesa de Puerto Morelos por la falta pagos de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social fue detectada por una investigación que aprobó el ayuntamiento.

De un análisis financiero, contable y de recursos humanos se comprobó la omisión de pago de tanto de cuotas obrero patronales (de febrero de 2020 a septiembre de 2021), como de las aportaciones por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (de enero a junio de 2020 y de enero a abril de 2021).

En una de las sesiones de Cabildo, el regidor actualmente con licencia Tirso Esquivel detalló que el daño provocado fue por 36 millones 924 mil pesos en 2020 y 24 millones 694 mil pesos en 2021, además de una multa por 30 millones de pesos; es decir, más de 90 millones de pesos.

En el ‘Perfil del legislador’ del Sistema de Información Legislativa de la LXV Legislatura se anota que la ex alcaldesa tomó protesta como diputada federal el pasado 29 de agosto de 2021, pero en su trayectoria administrativa refiere su calidad de presidenta municipal de Puerto Morelos de 2016 a 2021.

En el directorio municipal de la dirección de recursos humanos se le reconoce igualmente como presidenta municipal en dos ocasiones, las que asumió el 1 de agosto de 2016 y en la misma fecha pero de 2018, para concluir el 30 de septiembre de 2021.

La información municipal contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia refiere que el ex tesorero Eligio Sierra Peña y el ex contralor Raymundo Martínez Rivera fueron dados de alta en el cargo municipal el 1 de abril de 2018 y se mantuvieron hasta el final del gobierno de Fernández Piña.

Por otra parte, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (SEQROO) realizó una fiscalización sobre presuntas operaciones irregulares y se encontró que no había soportes documentales de cobros de la caja de Tesorería por alrededor de 4 millones, dinero que ingresó a las cajas para posteriormente ser retirado sin tener documentos de ese retiro o que se haya transferido a otra cuenta del ayuntamiento.

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