- Una activista que se opone a una mega granja porcícola en Yucatán, recibió una llamada en la que la amenazaron a ella y a sus hijos.
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ CISNEROS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Una activista que se opone a una mega granja porcícola en Yucatán, de la cual se omitió su nombre por seguridad, recibió una llamada en la que la amenazaron a ella y a sus hijos, a unos días del fallo de un juez que podría mantener parada a la granja.
La mujer representa a niñas y niños del municipio yucateco de Homún, los cuales presentaron un amparo contra la granja de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), que le produce a Kekén, la marca comercial de Grupo Porcícola Mexicano.
La activista amenazada, que se le identificó como una de las guardianas de los cenotes de Homún, recibió ayer una llamada en la que, primero, le solicitaron información sobre los recorridos turísticos del municipio, pero luego siguió un hilo de amenazas.
“De pronto, se le cuestionó sobre su labor como activista. Específicamente, la persona al otro lado de la línea le preguntó si le daba miedo luchar por los cenotes y si no temía que le pasara algo a sus hijos”, indicaron las organizaciones Indignación y Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes).
“La representante de la niñez de Homún solicitó el nombre de la persona, pero ésta solo insistió en cuestionar si no temía por la vida de sus hijos”.
Las organizaciones indicaron que en los próximos días el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, decidirá si retira la suspensión que tiene detenidas las operaciones de la fábrica de 49 mil cerdos.
Hace unas semanas, las organizaciones entregaron 181 mil firmas recabadas a través de una plataforma digital contra ese tipo de industria en la península de Yucatán, por las graves afectaciones a la salud y al medio ambiente.
“En esta ocasión nos pone en especial alerta el hecho de que se esté amenazando a la infancia de Homún, la cual está en su legítimo derecho de defender el agua, los cenotes y su derecho a la libre determinación y a un ambiente sano”, destacaron.
“Exigimos a las autoridades de los tres niveles que proporcionen las medidas necesarias para la protección de nuestra compañera”.
En lo que va de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 58 defensores del ambiente han sido asesinados, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
El año pasado Cemda documentó 25 activistas asesinados, 7 más que en 2020.
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