- Fonatur Tren Maya, impugnó la suspensión provisional emitida el pasado 12 de abril por el Juez Primero de Distrito en Yucatán.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal solicitó a un tribunal de circuito echar abajo la orden judicial que suspendió temporalmente la construcción del tramo de Playa del Carmen a Tulum del Tren Maya.
Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal de Fonatur Tren Maya, impugnó la suspensión provisional emitida el pasado 12 de abril por Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en Yucatán, según la lista de acuerdos de dicho órgano jurisdiccional.
El representante jurídico interpuso un recurso de queja contra la suspensión dictada el pasado 12 de abril y ahora será un tribunal colegiado de la ciudad de Mérida el que en breve resuelva si prevalece o no la prohibición para continuar con los trabajos de esta obra.
La suspensión fue dictada en un amparo promovido por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano, integrada por buzos profesionales calificados en inmersiones en cuevas, quienes han advertido de graves daños en ríos subterráneos, cuevas y cenotes ubicados en Playa del Carmen y Tulum.
Debido a que no todas las autoridades implicadas en la construcción del Tren Maya rindieron los informes solicitados, para valorar si efectivamente tiene razón de ser el reclamo de los quejosos, el juez Novelo ya aplazó para el próximo 13 de mayo la audiencia en la que resolverá si otorga la suspensión definitiva.
De hecho, el impartidor de justicia giró oficios a la Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Nacional Financiera y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que rindan sus informes justificados al juzgado.
Con base en esa documentación, el juzgador determinará si ordena suspender por tiempo indefinido este tramo cinco sector sur del proyecto.
Novelo otorgó la suspensión, dando por cierta la afirmación de la asociación civil, en el sentido de que las autoridades federales no cuentan con autorizaciones de impacto ambiental y existen indicios de daños irreparables a las zonas afectadas por la obra.
Las dependencias emplazadas, en todo caso, deberán de acreditar lo contrario ante la autoridad judicial.
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