Por KUKULKÁN
A PARTIR DE este miércoles 27 de abril, faltarán sólo 38 días para que se celebre la votación y definir quién gobernará Quintana Roo los próximos cinco años, también se sabrá la nueva conformación del Congreso, si habrá de ser una mayoría de Morena o los dados se habrán de cargar hacia la oposición.
PERO NO se puede dejar pasar por alto, otra votación para ese mismo domingo 5 de junio y que tiene que ver con la empresa Aguakan que durante siete años de servicio no sólo ha elevado el costo, sino que ha contaminado el medio ambiente a juzgar por diversas denuncias de asociaciones de vecinos.
SERÁ LA CIUDADANÍA quintanarroense la que defina en una consulta popular, si se le revoca la concesión a esa empresa o se le da la oportunidad de continuar con la prestación de ese servicio.
FUE LA SENADORA con licencia y hoy coordinadora de la campaña de Mara Lezama a la gubernatura de Quintana Roo la que empujó durante semanas y meses enteros el que se realizara dicha consulta popular y logró su cometido.
PARA ello el Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó la modificación del Programa Anual de Actividades del IEQROO para el ejercicio correspondiente al año 2021, con motivo de la implementación de consultas populares a fin de que la ciudadanía vote en la jornada electoral local ordinaria del 5 de junio del presente año, sobre si se revoca la concesión del servicio a la empresa Aguakan.
LA AUTORIDAD electoral instalará casillas especiales en cuatro municipios en los que opera la empresa concesionaria: Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Ello, a pesar de que los diputados de la XVI Legislatura redujeron el presupuesto solicitado por el instituto para 2022 en más de 62 millones de pesos. El IEQROO pidió 470 millones de pesos y le otorgaron 408 millones.
PERO LA EMPRESA Aguakan no se ha quedado cruzada de brazos y esperando el juicio final de la población, por lo que en los días más recientes ha emprendido toda una campaña de información sobre sus actividades con el fin de minimizar los efectos de la consulta ciudadana a la que será sometida.
SE TRATA DE varias cuadrillas de trabajadores de la empresa que se dedican a repartir información sobre las funciones de Aguakan y el método de contabilizar el cobro, en el que aclaran que las tarifas no las fijó esta, sino el Congreso Local.
LA LABOR PARA revertir la mala opinión de la ciudadanía, se ve cuesta arriba para la empresa cuya razón social es Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., pues a la par de su campaña, también se han comenzado a movilizar agrupaciones vecinales para denunciar que Aguakan no sólo ha disparado el precio de su servicio para los consumidores, sino que también ha contaminado el medio ambiente y de lechos marinos.
LOS HABITANTES en donde presta sus servicios Aguakan, están seguros de la culpabilidad de esta en la contaminación de los ríos subterráneos y cenotes de Playa del Carmen, y en repetidas ocasiones, usuarios de redes sociales han denunciado que la empresa realiza sus descargas de aguas residuales directo al acuífero lo que, dicen, contamina cuerpos de agua a kilómetros de distancia debido a la porosidad del suelo en la región.
EL REVIRE DE Aguakan a esos señalamientos en su contra, son difundidos asegurando que se cuenta con infraestructura de la red de alcantarillado, tubería y pozos a través de los cuales se recolectan las aguas residuales de todo el sector playero, para conducirlas posteriormente a un cárcamo y finalmente trasladarlas a la planta de tratamiento, donde se sanean al 100%.
TAMBIÉN SE dice ser consciente de la responsabilidad que implica el manejo del agua residual y en cumplimiento del marco normativo vigente, y que ha redoblado la atención del proceso de recolección y desalojo de las aguas residuales de las zonas turísticas con el fin de minimizar los riesgos de alguna contingencia, por lo que personal de la empresa registra visitas de inspección técnicas diarias.
LA MONEDA está en el aire, y justo se sabrá si continúa Aguakan —en donde confían en los buenos oficios de uno de sus principales abogados, Julio Scherer Ibarra—, o si la ciudadanía decide ponerle fin a la prestación de sus servicios.
