Crea Corte precedente contra Padrones de datos 

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Crea Corte precedente contra Padrones de datos
  • La decisión de la Corte puede ser un referente internacional para otros países que plantean la creación de bases de datos similares al Panaut.
AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inconstitucionalidad del Padrón Nacional de usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) crea un presente frente a nuevas intenciones de generar bases de datos que contengan información sensible de la ciudadanía, consideraron especialistas.

El Decreto por el que se creaba el Panaut en abril de 2021 y que buscaba recopilar datos biométricos y personales de los usuarios fue declarado inconstitucional en la Suprema Corte esta semana.

El plan era que cualquier autoridad sin orden judicial pudiera acceder a nombre, dirección del usuario y biometría facial del mismo.

Es un precedente importante para cualquier medida similar que pueda dictar la Corte, aseguró Michel Hernández Tafoya, director de Observatel.

“De entrada, la Corte ya está diciendo que cuando haya intentos de medidas como el Panaut, se tiene que hacer una evaluación del impacto que tendrá en la privacidad y seguridad de los ciudadanos”, dijo.

Grecia Macías, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), consideró que la decisión de la Corte puede ser incluso un referente internacional para otros países que plantean la creación de bases de datos similares al Panaut.

Añadió que ahora se podrían frenar otros planes como la implementación de reconocimiento facial en aeropuertos, calles de ciudades, el banco de ADN en CDMX o la cédula de identidad única.

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) coincidió que la Corte sienta un precedente contra las bases de datos que en esencia atentan contra el derecho a la conectividad expresado en la Constitución y generan riesgos para la población.

“Estaba el hecho de que ante la omisión de inscribirse en el registro que debía crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la consecuencia prevista en esa reforma era la cancelación permanente de la línea telefónica del usuario en cuestión.

“Sin lugar a dudas esto era contrario a los previsto en el artículo 6 constitucional que garantiza a todos los habitantes del territorio nacional el acceso a las tecnologías de la comunicación libre y sin injerencias arbitrarias”, menciona el IDET.

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