Activan ‘juicio político’ por concesionar basura

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Activan ‘juicio político’ por concesionar basura
  • Se convocará por separado a las personas señaladas, entre ellos el ex alcalde de Benito Juárez, por concesión de recolecta de basura.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A casi un año de que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Quintana Roo desechó una solicitud de juicio político por la irregular concesión de basura otorgada a la empresa “Intelligencia México”, la justicia federal ordenó darle trámite y llamar a comparecer a los funcionarios involucrados.

Una sentencia de amparo definitiva favorable al particular Néstor Jair Haro Vidrio instruyó al órgano encabezado por la panista Kira Iris San a revertir una resolución unánime de desechamiento, avalada también por los diputados locales Edgar Gasca y María Yamina Rosado, el 20 de mayo de 2021.

La resolución federal instó a que se convoque por separado a las personas señaladas por el denunciante, entre ellos el ex alcalde de Benito Juárez del Partido Verde Ecologista, Remberto Estrada.

La denuncia cita también a los síndicos municipales y a los regidores de los Cabildos que despacharon en las pasadas dos administraciones (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2021), a los 25 diputados de la XV Legislatura estatal y al Magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa (en funciones durante 2013) del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

El amparo 28008323 resuelto en el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Quintana Roo fue interpuesto el 7 mayo de 2021, contra una resolución legislativa que sepultó la solicitud del juicio político JP/03/2021.

El particular denunció a los servidores públicos actuales y pasados por incurrir en un presunto desempeño irregular y en negligencia, pero los diputados consideraron que “hay una mínima presunción de todos los supuestos descritos por el denunciante”.

El juez Darío Alejandro Villa determinó que los legisladores deberán emitir otra propuesta de proyecto de dictamen que atienda “en forma total y congruente la solicitud elevada por el quejoso”, con plenitud de decisión.

El fallo protector impuso un plazo de tres días para el cumplimiento del fallo, pero la diputada Kira Iris San solicitó una prórroga “debido a la complejidad del asunto y dado que el procedimiento legislativo no se puede llevar a cabo en tres días”, ante lo cual se amplió a 10 días.

El contrato para la prestación del servicio público de limpia y disposición final de residuos sólidos mediante su recolección y transportación en Benito Juárez fue otorgado al empresario Carlos Canabal por un plazo de 20 años, el 9 de junio de 2017.

El acuerdo fue suscrito por el ex alcalde Remberto Estrada que autorizó 112 rutas de recolección a partir del primero de enero de 2018, para lo cual se entregaría a la comuna una contraprestación de 396.11 pesos (más impuestos) por tonelada.

A pesar de que el documento impuso la obligación de contar con 60 camiones compactadores en los hechos nunca ocurrió, hasta que la acumulación de basura hizo crisis a finales de 2020.

Cuando estalló el problema se reconoció que el parque vehicular operado por la empresa era apenas de 23 camiones con una capacidad de recolecta de 368 toneladas diarias, menos una tercera parte de mil 400 toneladas generadas en Cancún

HISTORIA

El irregular procedimiento de concesión comenzó después de que el título original se concedió a la moral “‘Recolección y Disposición de Desechos”, a la que además se confió la operación temporal y clausura del relleno sanitario durante 10 meses, y la operación de un nuevo sitio por otros 20 meses, aprobado por el Cabildo municipal el 19 de septiembre de 2008 y ratificado por la XII Legislatura del Estado.

En una sesión de Cabildo en 2013, el municipio aprobó la cancelación de la licitación pública MBJ-DGSPM-001-2008 con la que antes había entregado la prestación del servicio por dos décadas.

La empresa “Proactiva Medio Ambiente Setasa”, inconforme con la medida interpuso, un juicio de nulidad ante la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo en 2013.

Una sentencia definitiva revirtió la cancelación y se procedió a licitar nuevamente el servicio (por el mismo plazo), el cual ganó la moral “Servicios de Tecnología Ambiental”, el 2 de mayo de 2017.

En menos de un mes, la misma concesión se traspasó a “Proactiva Medio Ambiente Setasa”, y después a “Intelligencia México”, con la aprobación del Cabildo y con el aval de la XV Legislatura del Estado que publicó un decreto el último día de mayo.

El servicio municipal de recolección transcurrió con una aparente normalidad hasta que hizo crisis a finales de 2020, cuando se denunció que la empresa responsable simulaba la entrega de residuos sólidos.

De ahí siguieron conflictos laborales que paralizaron el servicio de recolección, lo que detonó que las calles estuvieran abarrotadas de basura, hasta que mediante una declaratoria de salud pública el primer gobierno morenista suspendió la concesión, primero de manera provisional y después de manera definitiva en diciembre de 2020.

De ahí siguió la contratación de la neolonesa “Red Ambiental”, propiedad del empresario Horacio Marroquín, el cual opera actualmente en la ciudad de Cancún.

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