Urgen regulación sobre números celulares

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Urgen regulación sobre números celulares
  • Padece entidad altos índices de extorsión telefónica, Considera CNSP que sin control los celulares pueden ser armas poderosas.
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) es necesario contar con una legislación que proteja los datos personales de los ciudadanos y regule el descontrol en la venta de chips de teléfonos móviles, que son utilizados para cometer delitos, entre ellos las extorsiones.

Raúl Sapién, presidente del CNSP, expresó que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) por ser inconstitucional, sin un control el celular puede ser un objeto peligroso tanto como un arma.

Lo anterior, al sostener que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 el país registró una cifra récord de 9 mil 407 víctimas de extorsión, es decir, un aumento del 12.3 por ciento en comparación con 2020, cuando se contabilizaron 8 mil 380 afectados por este ilícito.

Incluso, abundó que Zacatecas fue la entidad con más extorsiones con un 27.8 por ciento, seguido de Guanajuato con el 26 por ciento, Quintana Roo alcanzó el 22 por ciento, Tabasco 21 y la Ciudad de México con 20 por ciento.

Abundó que actualmente se utilizan de 15 a 18 chips diferentes para cometer un secuestro, mientras que las extorsiones provienen de más de 220 mil números telefónicos de los que se desconoce su identidad.

“Es preocupante la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas a la ley, debido a que nos vuelve a la problemática que actualmente se está presentado de extorsión y el fraude telefónico.

“Hoy se queda nuevamente acéfalo, en el limbo normativo, que no se pueda saber la trazabilidad del mal uso que se da a líneas telefónicas. Hoy puede ser tan letal un arma como un teléfono celular. A través de él se hacen extorsiones, fraudes bancarios, secuestros”, lamentó.

En ese sentido, consideró que el gobierno de la República puede insistir con este tema, a través de la presentación de una nueva iniciativa ante el Congreso de la Unión, pero garantizando la protección de la base de datos, la cual, propuso podría ser operada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En 2018 se alcanzó un máximo de 12 millones de pesos por extorsiones telefónicas, por víctimas concretadas, lo que significa que pagó lo que sus extorsionadores le estaban solicitando, por ello detalló que debe llamar la atención que sólo el 16.5 por ciento de las líneas de telefonía móvil son mediante un plan fijo, es decir, que sí tienen nombre y apellido.

Mientras que el 83.3 por ciento corresponden al sistema de prepago, cuando el usuario que las utiliza no está identificable, ante ello en lo que se concreta una nueva legislación el gobierno federal debería comprometerse a bloquear la señal al interior de los penales, de donde provienen la mayor cantidad de llamadas de extorsión.

“Sin embargo, esto no ha sido posible debido a que el bloqueo afecta también a habitantes de las zonas aledañas. El gobierno federal tiene las herramientas para detener esta situación dentro de los penales y no lo ha hecho. Por ejemplo, hay personas dentro de los penales que pueden llegar a tener más de 30 chips”.

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