‘Ahogan’ mal servicio y multas a Aguakan

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‘Ahogan’ mal servicio y multas a Aguakan
  • Impiden a Aguakan evadir responsabilidad con usuarios, juez la condena a pago por especular con tarifas de agua y alcantarillado.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de un mes de que una consulta popular decida la revocación o permanencia de la operadora del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cuatro municipios de Quintana Roo, la empresa Aguakan se ‘ahoga’ en multas económicas validadas por resoluciones judiciales.

A la moral Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., la justicia federal le negó medidas cautelares por incurrir en incumplimientos de diversas disposiciones reglamentarias, tanto del ámbito federal como estatal.

Y es que mediante juicios de garantías, la concesionaria del servicio pretendió combatir resoluciones dictadas en su contra por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Un primer revés jurídico contra Aguakan se validó en una sentencia de amparo, que a su vez avaló el fallo de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el caso 1017/18-20-01-3, el cual ratificó la multa establecida de un millón 250 mil pesos.

En el Tercer Tribunal Colegiado, bajo el número de expediente 27323217, la resolución de los magistrados Jorge Mercado, Leonel Jesús y el secretario en funciones de Magistrado Santiago Aguilar, negó a la compañía operadora medidas cautelares contra la resolución dictada el tres de septiembre de 2020.

La pena económica obedeció por no tener vigentes las tarifas de los servicios generales, no respetar el precio de la conexión de alcantarillado de media pulgada en el servicio no doméstico (al cobrar 3 centavos más del precio exhibido) y por la negativa a proporcionar el capital en giro del establecimiento.

Los incumplimientos de Aguakan violentaron los artículos 7 y 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los cuales se constataron en la visita de inspección de la Profeco.

La medida sancionatoria la impuso la delegación estatal del organismo federal el 3 de agosto de 2018, misma que se validó en los mismos términos en una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del 3 de septiembre de 2020.

La pelea legal escaló al Tercer Tribunal Colegiado donde se confirmó otra vez el mismo fallo (21 de abril 2022), que dejó sin protección legal a la empresa.

El segundo descalabro jurídico contra Aguakan se dio en otra sentencia de amparo (bajo el número 27287228) del Juzgado Tercero de Distrito con sede en la entidad, el 9 de mayo pasado.

Con la resolución se confirmó la sanción decretada por la DRAEF, la cual ya se había decretado en un juicio contencioso administrativo resuelto el 10 de noviembre de 2020.

Pero Aguakan inconforme con la resolución llevó el caso a la justicia federal, cuya audiencia constitucional se resolvió después que se difirió 17 veces, y en la cual previamente se le concedió la suspensión provisional (13 de noviembre 2020) y después la definitiva (4 de mayo 2021), aunque al final el juicio se sobreseyó.

La pena económica (cuyo monto no se reveló) obedeció al incumplimiento de pagos por servicios, la omisión de remitir el padrón de usuarios morosos al organismo operador del estado, y por inconsistencias en las tarifas de los servicios de reinstalación en caso de limitación o suspensión del suministro, como lo ordena la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

Igualmente, por incurrir en violaciones a la imposición de cuotas, tarifas y pagos, y la negativa de cumplir las condiciones que justifican la suspensión y limitación del suministro establecidas en la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo.

La concesión otorgada a Aguakan (por un plazo de 30 años) fue publicada originalmente en el Periódico Oficial del estado el 20 de octubre de 1993, aunque en una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de CAPA, que presidió el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, se autorizó el vencimiento anticipado y se prorrogó el plazo hasta el 31 de diciembre de 2053.

La empresa Aguakan brinda el servicio en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, entre quejas de cometer abusos en perjuicio de los usuarios.

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