Detectó Hacienda omisiones en ‘APP’

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Detectó Hacienda omisiones en ‘APP’
  • Manipuló contrato APP la administración de Laura Fernández, no se respetó la cantidad de recursos autorizados por el Congreso del Estado.
MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Por omisiones e inconsistencias en la información reportada en uno de los contratos de Asociación Pública Privada (APP), suscrito por el gobierno municipal de Puerto Morelos de la ex alcaldesa Laura Fernández Piña, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó la inscripción del proyecto de construcción del Palacio Municipal y las oficinas administrativas.

La falta de claridad financiera, la información incompleta y las condiciones contrarias detectadas a lo publicado y autorizado por el Legislativo determinó que el contrato MPM/APP/001/2021 con la empresa INOCARIBE, S.A. de C.V., no fuera dado de alta en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

De acuerdo a la respuesta negativa remitida a la comuna a través el oficio 351-A-PFV-01543 el pasado 3 de noviembre, por la directora de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Aidee Oliva Rodríguez, el ex tesorero municipal Eligio Sierra Peña ingresó el trámite el último día de la administración de Fernández Piña.

Entre las causas del rechazo enlistadas previamente en el oficio de prevención 351-A-PFV-01458 (13 octubre), se citó un proyecto distinto al autorizado por el Legislativo, la falta de autorizaciones del Cabildo y la falta de certeza para conocer las fuentes principal y alterna, además de los mecanismos de pago.

En una larga lista de inconsistencias, la funcionaria federal detalló que el plazo de la obra establecido en el contrato no coincidió con su vencimiento y que debían aclararse los montos de las contraprestaciones pactadas a través del Fideicomiso número 752221, creado ex profeso el 28 de septiembre de 2021.

Una de las preocupaciones expresada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas fue que el municipio tuviera ingresos suficientes para cumplir con el compromiso financiero, pues se omitió reportar la partida financiera y el porcentaje de los recursos afectados.

Ante la duda se solicitó al ex tesorero que hiciera llegar un oficio de la Secretaría de Finanzas del estado de Quintana Roo para acreditar la solvencia económica del municipio, y así poder hacer frente al contrato suscrito el 20 de agosto del año pasado.

Pero también se señaló falta de claridad en el monto de inversión que realizaría la moral expuesto en el acuerdo publicado del Decreto 104, y la inconsistencia en el valor del monto de inversión a valor presente expresado en 264 millones 848 mil 279.81 y en 57 millones 983 mil 563.25 pesos o la existencia de un pago anual de un millón 400 mil pesos.

En las condiciones financieras se reportó una contraprestación mensual a la empresa aprobada por una inversión de 241 mil 598.18 pesos y otra mensual por servicios por un millón 158 mil 401.82 pesos. ‘Esta autoridad no tiene certeza de la veracidad de lo señalado’.

Durante el pretendido registro, el municipio señaló como fecha de inicio del contrato el 16 de agosto del año pasado (cuya fecha ya había caducado al momento de la solicitud), cuando la construcción y operación del proyecto está legalmente condicionada a su inscripción federal.

Del método competitivo de asignación, al ex funcionario se le pidió comprobar que la compañía adjudicada representaba la mejor opción en calidad y costo, incluso ante la contratación de un crédito. 

La SHCP solicitó también que se le remitiera la propuesta técnica y económica de la empresa Inova Cruz, S.A. de C.V. respecto al concurso público MPM-APP-001-2021, pues habrían participado tres compañías, pero a dos se les desechó, y cuya información se debía verificar.

Una petición adicional fue comprobar la autenticidad de la constancia del registro estatal del proyecto y constatar el contrato porque era distinto al publicado en el decreto oficial.

EXPEDIENTES ‘FABRICADOS’

Para el asesor jurídico externo contratado por el actual gobierno municipal, Karin de la Rosa se ‘‘fabricaron’ expedientes para entregar las concesiones de alumbrado público y de la construcción del Palacio Municipal.

Al participar en una conferencia de prensa convocada por el Ayuntamiento (el miércoles pasado), el abogado aseguró que se indujeron los resultados de viabilidad financiera de la comuna para tramposamente suscribir los dos contratos de APP, por una cantidad contratada por más de 830 millones de pesos pagaderos a 20 años.

Del análisis al dictamen financiero, determinó que la metodología y la técnica usada para ambos acuerdos no reconoció la existencia ni la obligación contraída entre uno y otro, ‘como si los proyectos fueran por separado y al final no fuera el mismo ente público’.

Los contratos, mencionó, tuvieron como propósito interceptar las participaciones federales asignadas al municipio, para privatizarlas de su presupuesto anual.

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