Por KUKULKÁN
A ESCASOS cien días de que concluya su mandato como gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín ha comenzado a cosechar lo sembrado en los años más recientes, de manera particular en los tiempos aciagos de la emergencia sanitaria debido a la pandemia generada por el Covid-19.
TAN SOLO este miércoles 11 de mayo, el mismo Carlos Joaquín se veía gratamente complacido porque su gobierno supo transmitir la confianza a los hoteleros, para que no decayera el ánimo en invertir en plena pandemia, y éstos respondieron con aplomo al construir un par de hoteles, el Conrad Tulum y Hilton Tulum.
ESE ESFUERZO de los hoteleros, se realizó justo cuando las ocupaciones no eran de promedios de 80% sino de 3%, en que se tuvieron cancelaciones de vuelos y prácticamente todos los mercados turísticos estuvieron cerrados, y fue justo el momento en donde la confianza en el cierre de la administración de Carlos Joaquín, logró tal cometido.
OTRO TIMBRE de orgullo para la recta final del mandato de Carlos Joaquín, fue el de su atrevimiento para romper con paradigmas en estos tiempos más recientes hasta lograr, como él mismo lo ha dicho, alcanzar “un dato extraordinario” como es el hecho de haber rescatado el 93 por ciento de los empleos perdidos durante la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.
FUE AYER jueves 12 de mayo cuando el gobernador fue aplaudido y reconocido por rectoras, rectores y directivos de universidades particulares de Educación Superior en México —representados por la 81 Asamblea General de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior—.
NO ES para menos, pues la recuperación económica de Quintana Roo ya se refleja en la tasa anual del 16.7% al cuarto trimestre del 2021, lo que permitió recuperar la mayoría de los empleos perdidos que fueron cerca de 100 mil como consecuencia de la cancelación de 18 millones de asientos de avión y la ocupación hotelera bajó a 3% cuando normalmente registra niveles de entre 82 y 83% anual.
PERO CARLOS Joaquín no soltó el timón del barco y, a partir de junio de 2020, viró hacia el reinicio de las actividades turísticas, “rompimos algunos paradigmas y funcionó. Y funcionó muy bien”, presume con justa razón Carlos Joaquín.
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ANTE las acusaciones de haber dejado al ayuntamiento de Puerto Morelos cuentas por pagar de más de mil 200 millones de pesos, la candidata a gobernadora de Quintana Roo, Laura Fernández Piña se ha salido por la tangente diciendo que se trata de una guerra sucia por el empate técnico que según ella y su equipo de campaña leen en el escenario político estatal.
PERO la candidata de “Va por Quintana Roo” no debe tomarlo tan a la ligera porque en su caso ya no se trata de simples acusaciones sin fundamento sino de denuncias promovidas ante instancias estatales y federales competentes que podrían derivar en consecuencias penales.
LOS SEÑALAMIENTOS que hizo el Cabildo de Puerto Morelos en contra de Laura Fernández son delitos denunciados de manera puntual y se aportan pruebas de los esquemas de corrupción utilizados para consumarlos, lo que la obliga a aclarar estos hechos también de manera puntual por las implicaciones legales por venir.
AUNQUE por cuestiones del proceso legal estas denuncias podrían tardar meses en la integración del expediente, no es que vaya a resolverse antes de las elecciones, lo que está en el limbo es el estatus jurídico de la candidata ¿es ‘sospechosa’? ¿‘indiciada’? ¿Puede continuar en campaña? Son incógnitas que la candidata debe despejar de cualquier sospecha.
