- Audio revela que matrimonio Moyano se garantizó jugoso negocio, el esposo de la candidata Laura amenaza con demandar al ayuntamiento.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de que se ha victimizado una y otra vez alegando un presunto ‘golpeteo’ político en su contra, Laura Fernández Piña solicitó amparo y protección de la justicia federal contra el cúmulo de denuncias penales que enfrenta por el cuantioso desfalco financiero que dejó en el Municipio de Puerto Morelos, al cual gobernó por más de un lustro.
La candidata a la gubernatura del estado de la alianza ‘Va por Quintana Roo’ (PAN-PRD-Partido Confianza), tramitó la tarde de ayer medidas cautelares en el Poder Judicial de la Federación (PJF), a través del Portal de Servicios en Línea que generó el folio de registro número 3497019/2022.
La petición del amparo se gestionó ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, de cuyo trámite se emitió el comprobante digital con la leyenda de recibido, a las 16:25 horas del 18 de mayo del presente año.
La pretendida protección federal surge unos días de que la actual alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu destapó el escándalo de corrupción de su antecesora, la que le heredó pasivos por más de mil 274 millones de pesos.
Los boquetes financieros más cuantiosos fueron por 832.4 millones de pesos pactados en un par de concesiones de obras y servicios a 20 años para operar el alumbrado público y construir un nuevo palacio municipal, en cuya operación se hipotecó el 48 por ciento de las participaciones federales de la comuna.
Audio revelador
La colusión de autoridades con particulares es investigada en dos denuncias radicadas en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) y en otras tres en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.
Pero el escándalo se atizó con un audio revelador de una conversación presuntamente entre Fernández Piña, su esposo Carlos Moyano con el abogado Karin de la Rosa, responsable de la investigación sobre las Asociaciones Público Productivas (APP) que se crearon para garantizar el negocio familiar. .
En una reunión de los tres personajes se ajustan los últimos detalles del contrato de concesión CMNPM/CON/APP/002/2021 adjudicado para la sustitución y mantenimiento de tres mil 579 luminarias de la red pública municipal.
El acuerdo fue obsequiado por Laura Fernández en condiciones abusivas a favor de la empresa OFN Quintana Roo, S.A. de C.V., vinculada a su pareja, a la que el 5 de agosto de 2021 pactó pagar 442.6 millones de pesos fraccionados en 240 mensualidades.
En la grabación de la reunión se escucha a Carlos Moyano referirse a ese acuerdo mercantil. ‘Porque ya empezamos a trabajar. En primer lugar, el municipio ya nos entregó todo el parque de alumbrado público y tenemos que nosotros ahora ya empezar a dejar las obras… no hay problema porque lo está pagando el municipio. Dos, nosotros tenemos que estar ya presentes en el municipio sí o sí’.
El empresario también abordó un adeudo de cuatro facturas pendientes, de las que trata de negociar para que sean saldadas al menos dos. ‘Con voluntad todo se puede’.
En otra parte de la conversación, el mismo personaje lanza una amenaza sobre la tardanza de entrar a tomar el control del alumbrado público: ‘Ya como debe ser y te lo digo así directo, saber si se va hacer o no, si no para demandarlos nosotros, digo ponte en nuestro lugar. Porque nosotros ya hicimos todo, nosotros hemos trabajado muchísimo en esto. (‘Y la inversión’, menciona aparentemente Laura Fernández). Aparte. Tenemos más de dos años y medio que empezamos con esto, tú te acuerdas. Hemos hecho, hecho, hecho, pagando gente pagando… yo le pagué. Ya tenemos inventario, traemos pedidos de materiales, anticipos. No podemos estar así’.
A la ex alcaldesa se le escucha justificar algunos retrasos administrativos pero que habrían de ajustarse los detalles, especialmente de forma, sin que tuvieran que pasar por la autorización del Cabildo. Incluso, reconoció, restaba suscribir un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad.
Igualmente, resaltó la importancia de cubrir formalidades administrativas. ‘Para podernos reunir (sic) poner una luminaria, o sea tiene que haber esa seguridad porque, o sea, nosotros tenemos el inventario de las luminarias. No es lo mismo tener la luminaria empaquetada que tenerla ya (jalando, dice la denunciada recientemente junto con varios de sus ex colaboradores ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.
Por delitos penales del orden común enfrenta (desde el 10 de mayo) la carpeta de investigación FGE/QR/FCC/CAN/SL/38/05/2022, relacionada por negligencia en el desempeño de la función o cargo, fraude procesal, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades.
Y otras dos querellas que se interpusieron simultáneamente el 11 de mayo, las cuales recayeron para su investigación ante la Fiscalía estatal en la Zona 2 con sede en Chetumal, por uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, y coalición indebida.
En el ámbito federal se denunciaron igualmente hechos constitutivos de delitos mediante los oficios municipales MPM/CM/DPIR/110/III/2022 y MPM/CM/DPIR/277/V/2022, por defraudación fiscal a los regímenes del Seguro Social y peculado.
Los señalamientos legales involucran también a la ex encargada del despacho de la presidencia municipal, Ana Luisa Betancourt; al ex tesorero, Eligio Sierra; al ex oficial mayor, Héctor Alcaraz, y al ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Antonio Velázquez.
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