Así maquilló Laura contrato de esposo

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Así maquilló Laura contrato de esposo
  • Laura sabía que negocio familiar afectaría finanzas de Puerto Morelos. abultó ingresos para justificar concesión de alumbrado público.
MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- A sabiendas del impacto financiero que causaría en las arcas del Municipio de Puerto Morelos, la ex alcaldesa Laura Fernández Piña utilizó dictámenes de suficiencia presupuestal que tramposamente proyectaban un crecimiento abultado de los ingresos para sufragar las concesiones de alumbrado público y la construcción del nuevo centro administrativo.

En los informes de viabilidad económica que de manera idéntica se utilizaron en ambos contratos de Asociación Público Privada (APP), se estableció que los recursos contratados no afectarían en casi nada las cuentas municipales.

En la proyección 2018-2040 de los recursos de la comuna, el ex responsable de las finanzas públicas municipales, Eligio Sierra Peña, previó un aumento creciente de los ingresos por libre disposición, de casi 300 a 500 mdp, mientras que las participaciones federales presagió que pasarían de 400 hasta 800 mdp en el mismo plazo.

En los dictámenes de suficiencia presupuestal que acompañan los contratos como anexos igualmente citó un límite municipal para cumplir con las disposiciones legales en materia de pagos.

Para el caso de los ingresos por libre disposición el tope a comprometer no debía rebasar el 60 por ciento de lo recaudado, y las contraprestaciones tampoco tenían que rebasar al 5 por ciento.

Los recursos provendrían especialmente de los servicios de protección y saneamiento ambiental que recaudarían 37.3 mdp, los servicios en materia de Desarrollo Urbano otros 33.3 mdp, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles sumaría 29.5 mdp y los recursos asignados al servicio y mantenimiento de alumbrado público del orden de 16 mdp; es decir, un total de 116.1 mdp en 2020.

Bajo esas cifras, el límite máximo a respetarse tendría que ser entonces de 69.66 mdp, con un tope límite de pago anual de casi 3.5 millones de pesos para cada uno de los documentos.

Pero las deudas a las que se comprometió el anterior Municipio rebasaron los límites al alcanzar de manera conjunta más de 837 millones de pesos, con pagos mensuales de casi tres millones de pesos (sin el Impuesto al Valor Agregado).

Con la empresa OFN Quintana Roo, S.A. de C.V. suscribió el contrato CMPM/CON/APP/002/2021 para la sustitución y mantenimiento de más de tres mil 917 luminarias por 442 millones 656 mil pesos (con IVA) y contraprestaciones mensuales de un millón 590 mil pesos durante 20 años.

Según el dictamen financiero, cada lámpara costaría seis mil 300 pesos, cada una de las 800 instalaciones tendrían un precio de cuatro mil 546 pesos, habría ocho arremetidas de alta tensión de 152 mil pesos cada una, 52 estructuras grandes de 67 mil pesos por unidad, mil 400 estructuras pequeñas con un valor unitario de dos mil 729 pesos, tres mil 917 brazos y postes de mil 685 cada uno, 972 líneas de conducción con un valor de cuatro mil 546 y 300 tierras físicas que costarían mil 551 pesos por unidad.

Y con INOCARIBE, S.A. de C.V., según el acuerdo CMPM/CON/APP/001/2021, para el nuevo Palacio Municipal se fijó un costo de 389 millones 766 mil pesos, con pagos mensuales de un millón 400 mil pesos durante el mismo plazo.

En el presupuesto desglosado hay obras provisionales, despalme, nivelación, compactación, cimentación, colocación de pisos y cerámicos, muros castillos y columnas, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, estructuras, recubrimientos, carpintería, ventanas, vialidades y banquetas, jardinería, pintura y limpieza.

En el caso de las participaciones federales, el ex responsable de las finanzas municipales justificó que en ese momento no se comprometía el estado de endeudamiento sostenible que mantenía la comuna en el Sistema de Alertas instituido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Lo anterior, porque el Municipio carecía de obligaciones o financiamientos inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual todavía permanece en la misma condición pues fueron rechazados los intentos de inscribir un par de gravámenes por el 48 por ciento de las participaciones federales del Municipio.

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