Multan a Aguakan; le retienen fondos

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Multan a Aguakan; le retienen fondos
  • Aguakan enfrenta un bloqueo bancario de 2.2 millones de pesos por un crédito fiscal que le fue decretado por el director de RAEF.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A 10 días de que se elija al próximo gobernador de Quintana Roo, en cuya misma jornada mediante una consulta ciudadana se decidirá la permanencia o no de Aguakan, la concesionaria de agua potable enfrenta un bloqueo bancario de 2.2 millones de pesos.

La inmovilización de los recursos económicos tiene por origen un crédito fiscal que le fue decretado por el director de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), del 4 de septiembre de 2018.

La sanción administrativa se notificó a la empresa mediante el oficio CAPA/DRAEF/1065/2018 por la omisión de cumplir con el pago de la concesión que le fue otorgada para prestar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.

El bloqueo que enfrenta es por dos millones 239 mil 477 pesos con 40 centavos en la cuenta bancaria 0125829434 radicada en Banorte, decretado en el juicio de nulidad TJA/QR-SU03-081-2018 radicado en la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, al que posteriormente se acumuló otro por atracción (dada la cuantía de la sanción) en la Cuarta Sala Unitaria.

Como parte del juicio de nulidad, la Tercera Sala del mismo tribunal le concedió una suspensión definitiva, pero siempre y cuando garantizara la sanción por 810 mil 198 pesos, a la que se acumularon multas, actualizaciones y otros reclamos.

Este litigio se elevó a la justicia federal a principios del presente año, a través de un juicio de amparo en que la empresa reclamó a Banorte y a su Unidad Especializada de Atención a Usuarios la negativa de liberar los fondos reclamados.

De acuerdo con el juicio de garantías 29446686 radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito de Quintana Roo, a la concesionaria se le desechó el juicio de solicitud de medidas cautelares a los cinco días de que la presentó, el 28 de enero del presente año.

Pero de ahí siguieron un par de recursos de queja que le fueron favorables por el Tercer Tribunal Colegiado (29567960 y 29696902), con lo cual el asunto se sometió finalmente a estudio, el pasado 31 de enero. 

Entre los argumentos expuestos ante la Juez Gloria Luz Reyes Rojo, está que el juicio de nulidad se declaró cerrado y su expediente original se canalizó al Pleno del TJA que dictó una presunta sentencia definitiva bajo el expediente 003/2019.

En el Reporte Anual 2021, la empresa sostuvo que los magistrados ‘resolvieron sobreseer parcialmente el juicio y declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, lo que fue notificado a la Compañía el 15 de abril de 2021’.

Los argumentos legales son objeto de análisis en el juicio de amparo que permanece activo, del cual se concedió una suspensión provisional el 22 de abril del presente año.

La misma empresa enfrenta otra multa por casi dos mil 850 millones de pesos decretada por CAPA, cuyo caso se disputa en otro juicio de nulidad radicado en la Cuarta Sala Unitaria de Justicia Administrativa, bajo el expediente 214/2019-SU4-II.

El procedimiento administrativo fue impuesto contra una resolución de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, que la condenó a pagar dos mil 847 millones 748 mil 138.64 pesos.

La moral ha sido señalada de cobrar de manera excesiva por un servicio ineficiente que ha venido prestando desde octubre de 1993, casi 30 años, y cuya vigencia le fue ampliada mediante una sesión extraordinaria de CAPA (presidida entonces por el ex gobernador Roberto Borge), que autorizó un vencimiento anticipado y prorrogó el plazo de vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2053.

Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. se constituyó legalmente el 7 de julio de 1990 bajo la dirección del empresario Jorge Ballesteros, según el Folio Mercantil Electrónico 5735 del Registro Público del Comercio.

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