- Empresarios disfrazados de ambientalistas combaten obras de Tren Maya, de cinco juicios de amparo sólo uno cuenta con suspensión definitiva.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Además de representar jurídicamente a organizaciones ambientalistas, promotores y apoderados de juicios de amparo contra las obras del tramo 5 del Tren Maya figuran con participación accionaria en diversas empresas prestadoras de servicios turísticos en Quintana Roo.
De cinco juicios activos en el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán que gozan de medidas cautelares, sólo uno cuenta con suspensión definitiva desde el pasado 27 de mayo.
Se trata del amparo 29802122 promovido por tres buzos de Playa del Carmen identificados con las iniciales J. G. U. B., D. M. y V. F. D. representados legalmente por Antonella Vázquez Cavedon, quien se ostenta a su vez como ‘ambientalista’ y empresaria.
A la par de ser representante legal de la asociación civil ‘Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano’, el nombre de la abogada figura en cuatro compañías con residencia en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen.
De acuerdo con actas constitutivas del Registro Público de Comercio (RPC) de Quintana Roo, Vázquez Cavedon tiene participación accionaria en las empresas ‘Intikam, S.A. de C.V.’ (del ramo inmobiliario) y en ‘Scubablu Cozumel, S. de R.L. de C.V.’ dedicada a la prestación de servicios turísticos.
Y en Playa del Carmen, la apoderada de la asociación civil es a su vez socia en un par de empresas prestadora de servicios turísticos, identificadas como ‘Tupai, S.A. de C.V,’ e ‘Intikam, S. de R.L. de C.V.’, esta última vinculada con la empresa estadounidense ‘Intikam Us LLC’.
La misma organización ambientalista que representa Antonella Vázquez goza de una suspensión provisional como parte del juicio amparo 29823290 desde el pasado 17 de junio, a través del cual reclamó la protección federal para garantizar ‘el derecho humano a un ambiente sano en beneficio de los habitantes de la entidad’.
Paralelamente hay otros tres juicios de amparo representados por Vázquez Cavedon que igualmente gozan de medidas cautelares provisionales contra la construcción del mismo tramo 5 Sur (de Tulum a Playa del Carmen).
En otro juicio, registrado con el número 29745075, el apoderado legal Luis Martín Leal Meneses obtuvo desde el pasado 18 de abril medidas cautelares al reclamar ‘el derecho humano de acceso a la información y la omisión oficial ante la devastación de la selva’.
El promotor de este juicio es presidente de la asociación civil ambientalista ‘Cenote Republic’, pero al mismo tiempo es un empresario de Playa del Carmen con participación accionaria en cuatro compañías.
Una consulta al RPC mostró que Leal Meneses figura como socio del restaurante ‘Chile & ZAATAR, S.A. de C.V.’ así como en ‘Italian Buceo, S.A. de C.V.’, cuyo objeto social es brindar tours de buceo, esnorqueleo y transporte terrestre.
El mismo Leal Meneses es accionista en dos compañías relacionadas con la actividad turística en Cancún, ‘Inmobiliaria Náufrago del Caribe, S.A. de C.V’ así como la ‘Inmobiliaria Turquesa Xcalak, S.A. de C.V.’.
Existe una tercera suspensión provisional concedida el 18 de abril en el juicio 29745042, a favor de Kosby Tania Ramírez González y otras dos personas identificadas con las iniciales B. C. V. R. e I. J. K. P. representadas legalmente por U. G. A.
La promovente es accionista de la empresa ‘Sol y Playa en Petempich, S.A.P.I. de C.V.’ que realiza servicios de administración turística, según su acta constitutivas.
Ramírez González reclamó judicialmente la omisión de las autoridades de ‘garantizar el acceso a la información y el derecho a un medio ambiente sano’ tras reclamar la devastación de la selva provocada en la construcción del Tren Maya.
Un cuarto y último litigio que goza también de una suspensión provisional, bajo el número de expediente 29969137 promovido por una asociación civil identificada con las iniciales C.N. de L.E. representada por C. R. J. L y su apoderado legal G. A. de H. W.
El reclamo judicial consistió en la protección del derecho al medio ambiente y la salud colectiva, del cual se le otorgaron las medidas cautelares el 9 de mayo pasado.
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