- Mientras el Comité Legislativo del Cogreso de EU concluye sus audiencias sobre su investigación al asalto del Capitolio en Washington, el Departamento de Justicia tendrá que decidir si enjuicia al ex Presidente Donald Trump.
EMILIA MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.-El pasado 24 de julio, el Comité bipartidista del Congreso de Estados Unidos que investiga el ataque al Capitolio concluyó una serie de audiencias públicas en las que exhibieron reveladores detalles no sólo de lo que ocurrió el 6 de enero del 2021 -cuando una turba de trumpistas irrumpió en la sede del legislativo estadounidense- sino lo que los motivó.
Con apoyo de videos del asalto, documentos, más de mil entrevistas y declaraciones de importantes testigos, incluyendo a Ivanka Trump, la Comisión investigadora, encabezada por el demócrata Bennie Thompson y la republicana Liz Cheney, ha intentado demostrar la responsabilidad en la insurrección del ex Presidente Donald Trump, que aspira a la candidatura republicana para la Casa Blanca en el 2024.
El foco, durante las ocho audiencias realizadas hasta el momento, ha estado no sólo en la violencia de aquel día y la relación de Trump con los grupos de extrema derecha que irrumpieron, sino en los objetivos detrás de ello: evitar la certificación de la victoria de Joe Biden como Presidente.
El Comité legislativo ha exhibido también los distintos esfuerzos de Trump, sus asesores y equipo de abogados para revertir su derrota electoral, y busca demostrar cómo ellos mismos sabían que no existió fraude electoral.
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EL CONGRESO
Los objetivos de las audiencias:
1 Convencer a los votantes que Trump debe ser descalificado de volver a ocupar un cargo público en el futuro.
“Todo estadounidense debería considerar lo siguiente: ¿se le puede volver a confiar una posición de autoridad en nuestra gran nación a un Presidente que está dispuesto a tomar las decisiones que Donald Trump tomó durante la violencia del 6 de enero?”, expuso Cheney, vicepresidenta del panel, el pasado 24 de julio.
2 Presionar al Departamento de Justicia para que realice una investigación más urgente y agresiva sobre si Trump podría ser procesado por sus acciones.
“Tiene que haber responsabilidad, responsabilidad ante la ley, responsabilidad ante el pueblo estadounidense, responsabilidad en todos los niveles”, dijo Thompson, presidente del panel.
El Comité ha dicho que sigue recabando evidencia. Queda por ver si llamarán a testificar al ex Vicepresidente Mike Pence o al mismo Donald Trump.
Las audiencias se reanudarán en septiembre, dos meses antes de las elecciones de medio término en las que se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Si los republicanos obtienen mayoría en la Cámara Baja, el Comité podría ser disuelto.
La investigación que quizás representa el mayor peligro inmediato para Trump se basa en el Condado County, del Estado de Georgia.
La Fiscal de Distrito, Fani Williams, ha estado investigando los esfuerzos de Trump para que los funcionarios estatales revirtieran su derrota en la elección presidencial de noviembre del 2020, implorándoles “encontrar” votos que él, falsamente, afirmó que le habían sido robados.
EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Acusar penalmente a un ex Presidente no tendría precedentes.
El Departamento de Justicia no ha abierto aún una investigación directamente contra Trump, pero en el tema de los delegados electorales falsos podría hacerlo.
Son tres los posibles cargos contra el ex Presidente:
Obstrucción de un procedimiento oficial.
Conspiración para defraudar a Estados Unidos.
Conspiración sediciosa o incitación a insurrección.
¿POR QUÉ SERVIRÍA A LA JUSTICIA EL TEMA DE LOS DELEGADOS ELECTORALES FALSOS?
1 El Comité del 6 de Enero ha presentado mucha evidencia sobre el tema y The New York Times accedió a correos en los que se comprueba el esquema.
Además, se reveló recientemente que fiscales han interrogado a varios testigos sobre las acciones de Trump relacionadas al plan.
2 Si el Fiscal General, Merrick Garland, decide presentar cargos, querrá que sus fiscales sigan un caso sencillo que pueda resistir el escrutinio de los procedimientos judiciales y las apelaciones.
3 El caso ya está avanzado.
El mes pasado, el FBI incautó registros de un grupo de republicanos que sirvieron como delegados electorales falsos en Estados en disputa que ganó Joe Biden.
Sin embargo, llevar a Trump a tribunales sería difícil
Andrew Goldstein, uno de los principales investigadores que examinó si Trump intentó obstruir la investigación sobre Rusia llevada a cabo por el Fiscal Especial, Robert Mueller, explicó a The New York Times que si bien el Comité ha hecho un buen trabajo al exponer la criminalidad potencial, es mucho más difícil presentar un caso en los tribunales.
En los tribunales, los estándares para presentar pruebas son más estrictos y los fiscales deben probar las alegaciones más allá de toda duda razonable.
El caso también tendría que sobrevivir a las apelaciones legales que probablemente llegarían hasta la Corte Suprema.
Se requieren casos sólidos y correctos, apuntó.
SOBRE LOS CARGOS
A decir de Goldstein, la mayor parte del material parece servir más para el cargo de “obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso”.
En este caso, es en referencia a la certificación de la votación del Colegio Electoral que se interrumpió el 6 de enero, cuando los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio.
Para probar tal acusación, los fiscales tendrían que demostrar que Trump tenía una intención de corromper cuando tomó una acción diseñada para interferir con el proceso, lo que significa que sabía que estaba haciendo algo mal.
De acuerdo con Goldstein, probablemente había suficiente evidencia en el registro público para probar la intención de corromper, pero encontrar una acción sería más difícil.
“Al final, creo que el Fiscal aún tendría que señalar un acto, una acción, que el Presidente tomó él mismo u ordenó que se tomara, que obstruiría el proceso”, dijo Goldstein.
LAS IMPLICACIONES POLÍTICAS
Incluso si los fiscales logran obtener todos los elementos necesarios para presentar un caso sólido contra Trump, el Fiscal General, Merrick Garland, tendría que tomar una decisión extraordinaria: ¿está en los mejores intereses del país contra un ex Presidente, especialmente uno que podría contender nuevamente por la Casa Blanca?
Iniciar un juicio podría poner al Departamento de Justicia en una situación de política partidista, y que ante el público Trump acuse una motivación política detrás del caso.
Algunos consideran que si el Fiscal Garland va a tomar una decisión debe hacerlo antes de que Trump anuncie que va otra vez por la Presidencia.
“Una de las cosas que el Departamento de Justicia tiene que sopesar en este tipo de situación es cuáles son las ramificaciones potenciales de enjuiciar”, dijo Goldstein, “pero también las ramificaciones de no enjuiciar.
“Si hubiera pruebas muy claras de un delito y fuera bastante sencillo y comprobable, pero el Departamento de Justicia se retira, existe un riesgo real de que el pueblo estadounidense piense que hay dos sistemas de justicia. Y eso sería devastador para la misión del Departamento”.
HASTA EL MOMENTO
El Fiscal Garland dijo a la prensa que sus investigaciones siempre se deben mantener en privado, pero no dejó dudas del alcance de la pesquisa al calificarla como “la investigación más importante en la que el Departamento de Justicia haya jamás cooperado”.
“Ninguna persona está por encima de la ley”, declaró, y prometió responsabilizar a quienes actuaron mal “sin importar su nivel”.
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