Ruinas emocionales tras el sismo del 19 de septiembre del 2017

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Ruinas emocionales tras el sismo del 19 de septiembre del 2017
  • Miles de familias resultaron con consecuencias de manera directa e indirecta tras el sismo que afecto la CDMX y otros estados de la república mexicana en el 2017.
ALEJANDRO LEÓN / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Karla Santos falleció junto con su suegra, Matilde Téllez, en el colapso en el edificio de Zapata 56, durante el 19S. Ambas laboraban como trabajadoras domésticas en uno de los 24 departamentos del edificio siniestrado.

A cinco años, los dos hijos y el esposo de Karla han dejado de recibir apoyo emocional por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), además de que suspendieron el servicio de terapia particular al que acudían debido a la pandemia.

El esposo de Karla e hijo de Matilde, Martín Hernández, ha visto cómo sus dos hijos sobrellevan la muerte de su madre. Su comportamiento ha cambiado, aseguró.

“Se volvieron como muy apáticos, muy tristes. Hace rato fuimos por la comida mi hija y yo y me decía: ‘papá, sí se siente feo no tener a mamá’, le digo, ‘¿por qué, mi amor?’, me dice, ‘es que veo a mis primos y sí hace falta ese cariño de mamá’; la verdad, me rompió el corazón, me sentí muy mal”, narró Martín.

Aunque inicialmente recibieron soporte psicológico en el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento de la FGJ, dejaron de acudir, debido a que les cancelaban las citas de último minuto.

“Fuimos a terapia (con el Gobierno), pero en su momento había mucha gente que tenía problemas por lo sucedido (en el 19S) y estaba saturado, entonces, no tuvimos una atención adecuada, porque llegábamos el mero día de nuestra cita, que era una al mes, y no nos atendían, nos cancelaban en el momento”, detalló.

En septiembre de 2017, la familia rentaba una casa de adobe en la Colonia Independencia. El inmueble también resultó dañado por el sismo, por lo que Martín y sus hijos tuvieron que mudarse.

En aquel entonces, el DIF capitalino les entregó, a manera de apoyó, un refrigerador y un colchón. Lo consideraron una burla, pues no tenían dónde quedarse.

Actualmente viven en casa de los padres de Karla. Ahí permanecen en espera de que el Instituto de la Vivienda (Invi) autorice la entrega de un departamento, a pesar de que en 2020 entregaron 50 mil pesos a trabajadores de la dependencia para acelerar el trámite.

“Hasta el día de hoy sigo, como se dice vulgarmente, de arrimado, estoy viviendo con los papás de mi esposa, mis suegros, estamos viviendo aquí mis hijos y yo, nos prestan aquí unos cuartitos, seguimos teniendo las mismas carencias.

“Yo como padre, que no tengo mucho tiempo para estar con ellos, pero estoy al pendiente de todas sus necesidades, se me dificulta a veces en mi carácter, porque estoy estresado, porque estoy de malas (…) por la presión, no es como antes, cuando ella estaba”, apunta.

Cuentan casas, no personas

Especialistas advierten que la respuesta gubernamental a las afectaciones del sismo estuvo enfocada en la reconstrucción de inmuebles y no en conocer la cantidad de personas afectadas para darle seguimiento a su recuperación emocional.

“No estamos hablando de propietarios, sino de damnificados, o sea, las familias, los niños, las personas que dependían o que estaban asociadas a ese inmueble, ese dato realmente no se trabajó y no se tiene como mucha certeza de eso”, expuso Naxhelli Ruiz, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM.

“En parte porque el modelo de reconstrucción, tanto del Gobierno anterior como de este, tiene como eje la reconstrucción, no la recuperación de las personas, entonces, no sabemos cuántas personas son, lo que sabemos es cuántos inmuebles se intervienen, que es una cantidad diferente claramente”.

De acuerdo con un reporte de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local publicado en 2018, los cuidados psicológicos no fueron atendidos de manera suficiente tras el siniestro. Testimonios de víctimas resaltaron que el soporte emocional era insuficiente y limitado en los albergues.

Cifras de la CDH refieren que sólo 3.4 por ciento de los damnificados mencionó haber recibido atención médica y psicológica durante la emergencia.

“El tema de la salud mental, de los conflictos sociales que se generaron después, por ejemplo, en las áreas condominales o en los barrios y en las colonias, la verdad es que se atendieron poco, y eso sí te genera efectos a largo plazo en la salud psicoemocional”, indicó Ruiz.

“Tú vas a las asambleas de muchos de los damnificados, todavía puedes escuchar a la gente llorando, cuando habla de la pérdida de su casa o de que se tuvo que ir o de que todavía vive con su hermano o que tuvo que rentar”.

En Europa o América Latina, refirió la experta, los desastres naturales motivan a autoridades y a empresas a atender duelos masivos o realizar censos de afectaciones en la población.

Es el caso de Chile en 2010, cuando un tsunami antecedido por un terremoto, provocó la devastación de las regiones que reúnen al 80 por ciento de la población.

A tres meses del siniestro, el Gobierno chileno levantó la Encuesta Post Terremoto, que registró los resultados y efectos en la calidad de vida de la población afectada.

También permitió identificar la cantidad de habitantes con síntomas de estrés postraumático, y ubicarla por provincia.

En la Ciudad de México, se creó la Comisión para la Reconstrucción, que tiene la misión únicamente de rehabilitar y reconstruir casas, además de facilitar apoyos para renta.

Las huellas de la corrupción

El edificio que se ubicaba en el 56 de Emiliano Zapata, Colonia Portales Sur, Alcaldía Benito Juárez, contaba con un permiso de construcción para seis pisos. Sin embargo, la empresa desarrolladora Canadá Building utilizó un séptimo nivel para edificar la segunda planta de tres penthouse.

Dos eran propiedad de un socio de la firma.

El condominio se convirtió en la construcción más nueva colapsada en el temblor.

Los departamentos se ofrecían desde 2.3 millones de pesos y al edificio se le promocionaba como una unidad ecológica. Los vendedores aseguraban que la torre contaba con amortiguadores que harían imperceptibles los sismos.

En enero y marzo de 2017, comenzaron a instalarse los primeros habitantes. Seis meses después, vino el colapso.

“Nos decían que los temblores no se iban a sentir y, en el segundo temblor, pues se cayó”, contó Eliud González, quien gastó los ahorros de su vida y se hizo de un crédito bancario para comprar uno de los departamentos.

“Se comprobó que el edificio cayó por la mala construcción, porque la calidad de los materiales no es lo que decía que debería de ser y también porque se supone que el permiso eran cinco pisos y, finalmente, hicieron siete pisos; entonces, los cimientos no estaban para eso”.

Los residentes de Zapata 56 interpusieron una denuncia ante la FGJ por el delito de fraude en contra de tres socios de la constructora, un Director Responsable de Obra y cuatro ex funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez, entre los que se encontraba Christian Von Roehrich, entonces Delegado.

Por esta carpeta de investigación, José Ernesto Ceballos, socio de la firma inmobiliaria y de 90 años, se encuentra en arraigo domiciliario. Otra orden de aprehensión fue girada en contra de José Arturo Ceballos, hijo de José Ernesto y también socio de la empresa. Sin embargo, esta no ha sido cumplimentada.

Respecto a los ex servidores públicos señalados, ninguno ha pisado la prisión. A lo sumo, la Fiscalía busca actualmente a Nicias Aridjis, quien en 2017 se desempeñó como director de Obras y Desarrollo Urbano. Se le relaciona con el delito de enriquecimiento ilícito en una investigación por corrupción inmobiliaria dentro de la demarcación.

De los 69 inmuebles que son indagados, la mayoría habría sido construida o habitada sin cumplir con las normativas vigentes.

Por este caso, otro ex funcionario, Luis Vizcaíno, ex director general de Jurídico y de Gobierno de Benito Juárez, se encuentra detenido.

Sin embargo, la justicia no llega para las víctimas.

Estas continúan acudiendo a audiencias… y cargando con el desgaste de las mismas.

Tras el 19S, Eliud ha perdido peso y los médicos le han recetado antidepresivos y fármacos para dormir, los cuales, recientemente debió sustituir por un tratamiento homeopático, ante los daños que presentaba en el hígado.

A este proceso de recuperación se suman las visitas al Reclusorio Sur.

El 6 de junio, por ejemplo, acudió desde su actual domicilio en otro estado sólo para que le dijeran que su audiencia había sido cancelada de último minuto, pues el juez había dado positivo a Covid-19.

“Antes de venir a una audiencia no duermo, estoy como muy tensa, muy presionada, pero ya llevamos así casi cinco años”, detalló.

“Ha sido un desgaste emocional y físico, ha sido un desgaste muy, muy fuerte, desde hace muchos años tengo un diagnóstico de una enfermedad, por esa enfermedad estoy con una pensión por invalidez, pero todo esto me ha llevado, tengo que pagar mis terapias de la psicóloga”.

Demolición a medias

A los damnificados de Zapata 56 no les ha sido autorizado el proyecto para que el edificio sea reconstruido. De hecho, la demolición quedó inconclusa.

En lo que era la fachada del predio, se colocaron tapiales de madera que, hoy en día, lucen intervenidos con grafitis. El predio es actualmente ocupado por personas situación de calle, quienes impiden el paso.

Desde una rendija se alcanza a observar que el sótano sigue ahí, en ruinas, donde dos automóviles permanecen todavía bajo los escombros, aunque ya desvalijados.

Uno de estos vehículos es de Fernando González, hermano de Eliud y quien para cobrar el seguro de la unidad debió acordar con la aseguradora que entregaría el auto en cuanto fuera recuperado. Sin embargo, esto no parece que esté próximo a ocurrir.

Los encargados de la demolición aseguraron a los vecinos de la torre que la demolición tuvo que ser suspendida “por seguridad” de los edificios colindantes.

“¿En cinco años por qué no ha pasado nada? Lo único que pasó después del sismo del 19 de septiembre fue que llegaron las personas, alguna autoridad les habrá autorizado para quitar los paneles solares, desmontarlos y llevárselos, desmontaron el elevador, desmontar los elevaautos”, cuestionó Fernando.

“Los escombros siguen dentro y, si los escombros siguen dentro, nunca lo vamos a poder rescatar (al auto), no es el único vehículo, hay un par de vehículos aquí abajo que no han sido rescatados, porque siguen debajo de los escombros”.

La Comisión para la Reconstrucción ha presentado a los damnificados aproximadamente cuatro proyectos para edificar de nuevo el inmueble. Pero hasta ahora ninguno de los planes se ha formalizado. A las víctimas sólo les cambian fechas para escuchar nuevas propuestas de reconstrucción.

“Es frustrante que hayas perdido tu patrimonio, de que no pase nada, de escuchar las promesas de que nos van a reconstruir pero ya llevamos cinco años en este proceso y no vemos avances, de manera paralela, nosotros hemos buscado que nos asista la justicia”, lamentó.

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