Plantean dar a Policías los recursos incautados

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Plantean dar a Policías los recursos incautados
  • Se propone modificar la Ley de Instituciones de Crédito como una medida para obtener recursos y financiar a estados y municipios.
CLAUDIA SALAZAR / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que permitiría disponer urgentemente de los recursos abandonados en las instituciones de crédito por la delincuencia organizada, para que sean destinados a la seguridad pública.

Se propone modificar la Ley de Instituciones de Crédito como una medida para obtener recursos y financiar a estados y municipios en dicha materia.

No sería un fondo especial ni recursos participables, sino un monto indeterminado, que cada año entraría a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como recursos excedentes.

La iniciativa de los diputados Ignacio Mier, coordinador de Morena, y Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad, propone que del monto que se obtenga cada año, 30 por ciento sea para las entidades federativas y 70 por ciento para los municipios.

Esa es la reforma que Morena ofreció al PRI en la discusión de la iniciativa para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, después de que el tricolor pidió que se apoyara más a las Policías locales.

“Proponemos que, ante la complejidad de disponer en el corto plazo de recursos depositados en las instituciones bancarias por parte de la delincuencia organizada y ante la urgencia de generar un flujo de recursos constante, se disponga del monto total que resulte de restarle los recursos que hayan prescrito en favor de la beneficencia pública y se encuentren en la cuenta global, a fin de que precluyan en favor de la seguridad pública, y sean destinados para lo que se establece en la estrategia nacional de seguridad pública y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, tanto a nivel federal como de las entidades federativas y municipios”, indica la iniciativa.

Se expone que los procesos de extinción de dominio son prolongados, pues para disponer del dinero de la delincuencia organizada se requiere que haya sentencias firmes, lo que significa que se hayan desahogado todas las etapas del proceso penal del que son objeto.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su revisión.

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