Va otro tabasqueño a Fiscalía de Ayotzinapa

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Va otro tabasqueño a Fiscalía de Ayotzinapa
  • El abogado tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, fue nombrado ayer como encargado de despacho de la Fiscalía del Caso Iguala.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El abogado tabasqueño Rosendo Gómez Piedra, quien no ha ocupado cargos de procuración de justicia por lo menos en la última década, fue nombrado ayer como encargado de despacho de la Fiscalía del Caso Iguala.

Omar Gómez Trejo, quien renunció a la titularidad de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, hizo la entrega formal de su oficina al funcionario, quien hasta el viernes pasado era el director Jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

En la currícula del nuevo encargado de la investigación ministerial de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no aparece ningún cargo público previo relacionado con la procuración de justicia o el derecho penal.

Buena parte de su carrera en el servicio público la ha hecho en Tabasco, donde ocupó cargos relacionados con la justicia laboral o electoral. En la Administración Pública Federal sólo ha estado en dos dependencias y en una de ellas sólo por ocho meses.

Gómez Trejo renunció el 15 de septiembre, pero su salida trascendió hasta el 26, día del octavo aniversario del crimen contra los 43 normalistas.

Un día después de que le notificaran que un agente del Ministerio Público Federal, ajeno a su Fiscalía, se había desistido de 21 de las 83 órdenes de aprehensión giradas por el Caso Iguala, entre ellas las de 16 militares de los 27 y 41 Batallones de Infantería.

Ven retroceso

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró que, de ser confirmado Gómez Piedra como nuevo Fiscal del Caso Iguala, será un enorme retroceso.

Señaló que la llegada del tabasqueño no fue una decisión consultada con los deudos de los 43 normalistas ni con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“De confirmarse, sería un enorme retroceso: una decisión no comunicada ni explicada antes a las familias; un perfil político sin experiencia en la investigación independiente de violaciones graves a derechos humanos. Y el GIEI y la asistencia técnica apartados de nuevo de la decisión”, indicó.

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