- Dicha suspensión dictó mantener a la GN bajo control de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), como ordena el artículo 21 de la Constitución.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal de Guanajuato revocó ayer la suspensión provisional que, desde el 11 de octubre, ordenó al Gobierno frenar la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), establecida mediante una reforma a leyes secundarias que se publicó el pasado 9 de septiembre.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito declaró fundado por unanimidad un recurso de queja del Gobierno, y revocó la suspensión que otorgó la jueza Novena de Distrito en Irapuato, Karla Macías.
Dicha suspensión dictó mantener a la GN bajo control de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), como ordena el artículo 21 de la Constitución, y devolver en su caso a dicha dependencia los recursos que ya hubieran sido enviados a la Sedena.
Los magistrados determinaron que Ángel Castro Gómez, el activista defensor de derechos humanos que promovió el amparo, no tiene interés jurídico o legítimo para solicitar la suspensión de la reforma, sino un mero interés simple, que no esta permitido en materia de amparo.
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El magistrado Gerardo Mendoza Gutiérrez explicó que Castro Gómez tenía que probar, al menos de manera indiciaria, algún daño de difícil reparación, directo y personal, que pudiera provocarle la transferencia de la GN a la Sedena.
“No se puede presumir válida y objetivamente que el decreto que ordena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena le genere al quejoso un agravio diferenciado, esto es, distinto al que pudiera resentir el resto de la sociedad”, afirmó.
Para la jueza Macías, la inconstitucionalidad de la reforma es evidente, pues el artículo 21 de la Carta Magna, modificado en 2019 para crear la GN, expresamente ordena adscribirla a la SSPC y tenerla bajo mando civil.
El tribunal colegiado, sin embargo, pareció defender la reforma, pues Mendoza sostuvo que suspender la transferencia a la Sedena afecta al orden público y el interés social en combatir a la delincuencia.
Macías tiene previsto resolver este viernes si concederá una suspensión definitiva, y lo resuelto ayer por el tribunal colegiado no la obliga a negar dicha medida.
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