- Gobierno federal recuperará casi 2 mil predios de esa colonia. Ningún gobernador de Q. Roo cumplió con decreto de reparto y regularización.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Ante la entrega y ocupación poco clara de terrenos nacionales que debieron cederse de manera gratuita a los primeros pobladores de Playa del Carmen, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal recuperará casi 2 mil predios en la Colonia Luis Donaldo Colosio.
La medida responde al abuso e incumplimiento de un decreto expedido hace más de 49 años (2 abril 1973), sin que ninguno de los anteriores gobernadores del estado cumpliera con el reparto y regularización de 180 hectáreas de terrenos propiedad de la Nación, concedidos a Quintana Roo.
El anuncio de reincorporación de predios se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de agosto, con lo que se pondría fin a un reparto irregular al que se concedió un plazo de tres años, que feneció en 1976, y que luego se prorrogó hasta 1981.
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La cesión gratuita de lotes se debió realizar a pobladores que tuvieran menos de un año de residencia e intención de quedarse en la recién fundada Playa del Carmen, y como candado para evitar la especulación inmobiliaria no se podrían vender hasta que se hubiera fincado una vivienda con un precio semejante o superior al avalúo notarial, aunque antes únicamente se podrían transmitir como herencia.
El decreto original se dio durante el mandato de David Gustavo Gutiérrez y Dionisio Vera Casanova, últimos gobernadores del territorio federal de Quintana Roo, y la prórroga se otorgó al primer gobernador del estado libre y soberano, Jesús Martínez Ross.
Pero la medida ordenada tampoco se cumplió por los mandatarios que le siguieron: Pedro Joaquín Coldwell (1981-1987), Miguel Borge Martín (1987-1993), Mario Villanueva Madrid (1993-1999), Joaquín Hendricks Díaz (1999-2005), Félix González Canto (2005-2011), Roberto Borge Angulo (2011-2016) y Carlos Joaquín González (2016-2022).
La Colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta es una de las más populares de Playa del Carmen colindante a la línea de costa en el lado sur del municipio de Solidaridad, cuyo terreno fue fraccionado originalmente en 258 manzanas que tenían un frente de mil 873 metros sobre la carretera Cancún-Tulum.
La ocupación regularizada se daría sobre 4 mil 480 lotes de 300 metros cuadrados cada uno, (de acuerdo al mapa de lotificación), pero ante la tardanza se empezó a ocupar irregularmente el 2 de abril de 1994.
El plan de regularización comenzó durante la gestión del exgobernador Joaquín Hendricks cuando se registró la empresa Desarrolladora de la Riviera Maya, S.A. de C.V. (DeRiMaya), de la que fungió como accionista, según la inscripción el 4 de diciembre de 2001.
La misma compañía se creó mediante la escritura pública 16337 protocolizada ante el fedatario público número 11 de Cancún, Manuel Jesús Canto Presuel, el 17 de diciembre de 1999.
En la Constitución de Sociedad con el Folio Mercantil Electrónico 1052 del Registro Público de Comercio de Playa del Carmen se asienta que los socios eran el Instituto de Vivienda de Quintana Roo (51% de acciones de tres series) y Ofelia González Whitt (49%).
Y tenía tres objetivos fundamentales: ejercer la propiedad y posesión con todos los derechos del predio nacional cedido; fraccionar, lotificar y desarrollar con los servicios públicos el asentamiento, y regularizar la tenencia de la tierra, y realizar la venta de los terrenos ocupados para cumplir con la medida que tenía un objetivo social
Con el paso de los años la empresa fue señalada de incurrir en prácticas poco claras, abusos y presunta corrupción.
En la última acta registrada por la compañía (18 enero pasado) figuraba como presidente del Consejo de Administración el exsecretario de Desarrollo Económico del estado, Carlos Ríos Castellanos; como vocal la extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres Muñoz (quien renunció al cargo el 11 de marzo siguiente); y como comisario, el excontralor estatal Rafael del Pozo Dergal, según el Número Único de Documento 202200020208650077.
Sobre este mismo tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia mañanera (25 septiembre 2020) reconoció que la escrituración “es un problema de tiempo atrás de una inmobiliaria o de una persona que se acredita como dueño de esos terrenos”. En esa misma tribuna se comprometió a entregar escrituras.
La persona que se registró como socia de la citada empresa es la viuda de Francisco Rangel Castelazo, a quien se le ha mencionado como presunto orquestador del despojo de tierras en Playa del Carmen, y que apareció en el acta constitutiva de la empresa como secretario del Consejo de Administración, con poderes amplios.
Ante el primer decreto de reincorporación de diciembre pasado, DeRiMaya interpuso el amparo 29340141 ante el Juzgado Tercero de Distrito de Quintana Roo, el cual le fue sobreseído (19 septiembre) al declararse nulo por la publicación de otro acuerdo en agosto pasado.
Un segundo juicio de garantías (30724449) se mantiene activo sin resolución firme en el Juzgado Séptimo de Distrito de Quintana Roo.
Según el Acuerdo de reincorporación al dominio pleno de la Nación del 16 de diciembre de 2021, y que fue invalidado el 10 de agosto pasado, DeRiMaya reportó 2 mil 882 predios escriturados, de los cuales mil 162 fueron por compraventa, 807 propiedad de la empresa sin escriturar y 913 contratos que se estaban pagando.
Pero también otros 178 predios irregulares sin contrato y 12 convenios de ocupación con el Instituto de Vivienda de Quintana Roo; es decir, de darse como buenos los anteriores movimientos todavía quedarían mil 998 lotes en una situación irregular, sobre los cuales procedería el acuerdo para reincorporarlos como terrenos nacionales.
