Causó daño Calica en niños indígenas

514
Causó daño Calica en niños indígenas
  • La extracción y movimiento de roca generó partículas de polvo fino que desató problemas respiratorios en niños de las comunidades aledañas.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes de comunidades indígenas culparon a la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) de afectar la salud de niñas y niños que habitan en una decena de localidades del municipio de Solidaridad.

Al interponer ante el Poder Judicial de la Federación un recurso legal de “acción colectiva”, dijeron que la extracción y movimiento de roca generó partículas de polvo fino que desató problemas respiratorios entre los más vulnerables de las comunidades aledañas.

El director del Movimiento Indígena Maya Peninsular, Quetzal Tzab, recordó que la extracción de roca caliza se dio durante 30 años, hasta que se decretó la clausura temporal total por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en mayo pasado.

El representante de las comunidades afectadas aseguró que la acción legal de tipo civil no pretende obtener beneficios económicos, sino que se clausuren en definitiva los bancos pétreos de “La Rosita” y “El Cochalito”, y sea retirada a la empresa la concesión de Punta Venado.

La “acción colectiva” también conocida como “acción de grupo” es una figura jurídica contemplada en el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, que permite defender intereses y derechos de grupos de personas ante afectaciones que les son comunes.

En el caso de los indígenas se invocó legalmente la violación al derecho constitucional de niñas y niños a un desarrollo saludable y su derecho a un medio ambiente sano. “Pedimos que se haga justicia a las comunidades aledañas que han sido perjudicadas por años”.

Los quejosos reconocieron que habitan terrenos irregulares, por tal razón no habían interpuesto quejas contra Calica, hasta que se vio afectada la salud de los menores de edad.

“También por los sonidos al estallar esas dinamitas que resquebrajan todas las casas construidas con concreto. Nosotros creemos que ya fue suficiente, son muchos años y esto debe ser parado ya”.

El caso ingresado ante la Justicia Federal busca que la empresa minera restituya algo a las comunidades para compensar el cúmulo de atropellos contra el medio ambiente y la afectación a los mantos acuíferos.

Una de las habitantes de la zona aledaña a la mina de Calica es Lucely Tuz Tun, quien aseveró que ya “no podemos quedarnos callados porque se está afectando la salud” en localidades como Torres de la Paz y Ek-Balam, entre otras.

“Es una demanda ciudadana que marca la ley, donde nosotros tenemos derechos a pedir más que nada la salud digna de los niños y las familias”.

El asesor ambiental, Raúl Benet, abundó que durante la operación de la mina se utilizaron explosivos por hasta 20 metros por debajo del manto freático y con el uso de maquinaria se alteró por completo el medio ambiente.

A Calica la responsabilizan de vaciar al acuífero concentraciones significativas de nitritos y otros contaminantes, de haber impactado centenas de hectáreas de selva, devastado el suelo y subsuelo y desviado el curso de corrientes subterráneas.

“Ellos tenían una serie de obligaciones ambientales que no han cumplido. Alteraron todo el flujo del acuífero, la alteración fue mayúscula. No sólo se apropiaron de una cantidad gigantesca de agua que no se les ha concesionado, alteraron el flujo del acuífero, lo contaminaron y todo el impacto del polvo que ha volado, este polvo finísimo que está causando daño a los niños, a las niñas”.

Los demandantes reconocieron que será imposible recuperar plenamente y mucho menos revertir el daño medioambiental, pero de fructificar el recurso jurídico se tendrían que realizar acciones sustitutas en las zonas afectadas.

El objetivo de la demanda es que también el juez federal proceda a dictar la suspensión definitiva de las actividades de la mina y se devuelva a la Nación el puerto de Punta Venado desde donde la empresa embarca los materiales pétreos a los Estados Unidos.

Los demandantes dijeron que hay 27 comunidades con 32 mil 372 habitantes que fueron afectadas de alguna u otra forma por Calica.

Un elemento del Ejército ofrecía desde el Campo Militar No. 1 equipo táctico, armas y granadas a un cártel del narcotráfico.