- Celebran colectivos feministas ‘triunfo’ de sus derechos. El estado es el undécimo en el país que despenaliza esta práctica médica.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La despenalización del aborto en Quintana Roo tardó 13 meses antes de que el Código Penal del estado se armonizara con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La aprobación de modificaciones legales reconoció el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir libremente y sin consecuencias legales el poder interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Antes de que fuera modificada la ley, un dictamen quedó en la congeladora y hubo al menos seis juicios de amparo sobreseídos sobre reclamos legales por la omisión de los diputados de la pasada XVI Legislatura.
Con las modificaciones al Código Penal, la entidad quintanarroense se convirtió en la undécima del país en descriminalizar en forma absoluta la interrupción voluntaria del embarazo.
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Primero fue la Ciudad de México en abril de 2007, y de ahí siguieron en esa misma línea Oaxaca (octubre 2019), Hidalgo (junio), Veracruz (julio), Baja California (octubre) y Colima (diciembre) de 2021; y Sinaloa (marzo) Guerrero (mayo) y Baja California Sur (junio) en el presente año.
En el caso de Coahuila, en septiembre de 2021, también se retiraron sanciones en el Código Penal, pero por decisión de la Suprema Corte de Justicia, que invalidó el artículo 196 que establecía sanciones de 1 a 3 años de cárcel a la mujer que abortara.
De acuerdo con estadísticas de la Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México (abril 2007-agosto 2022), Quintana Roo ocupa el lugar 16 nacional con la mayor cantidad de mujeres que acuden a practicarse un aborto legal en alguna de las 23 unidades hospitalarias autorizadas.
El mayor registro lo encabezan mujeres de la Ciudad de México con 173 mil 868 procedimientos, y después el Estado de México (69,030), Puebla (1,585), Hidalgo (1,377), Morelos (974), Querétaro (712), Jalisco (710), Veracruz (591), Michoacán (575), Guanajuato (525), Tlaxcala (411), Oaxaca (401), Guerrero (335), San Luis Potosí (217), Nuevo León (164) y Quintana Roo (163).
La práctica de interrupción del embarazo entre quintanarroenses aumentó en 21 casos en dos años y dos meses; cuando en julio de 2020 se registraron 142 casos.
En la misma estadística, las entidades con menos procedimientos fueron Chihuahua y Tamaulipas (73), Tabasco (65), Nayarit (64), Coahuila (55), Sonora y Yucatán (51), Durango (49), Baja California Sur (42), Sinaloa (37), Colima (34) y Campeche (16).
Hasta hace año y medio, en un Foro Virtual del Congreso de Quintana Roo con integrantes del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, el coordinador de asesores de la FGE de Quintana Roo, Juan José Leal Valencia, aseguró que no existía (hasta aquel momento) ninguna mujer procesada o encarcelada por interrumpir voluntariamente un embarazo en la entidad.
Pero para la vocera del Colectivo Feminista Xtabay Quintana Roo, Ariadne Song Anguas, no se tiene un dato exacto para determinar cuántas fueron procesadas por aborto, debido a que anteriormente se le consideró un delito como cualquier otro, que se perseguía y se ponía en conocimiento de la autoridad ministerial, pero de existir deberán ser puestas en libertad.
En un primer intento legislativo para atender la resolución de la Corte de modificar el Código Penal del estado, se presentó un dictamen a cargo de las exdiputadas Tyara Schleske y Ana Ellamín Pamplona, presidentes de las comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático, y de Cultura de la XVI Legislatura de Quintana Roo.
La propuesta se enlistó en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio el 2 de marzo de 2021, pero fue desechada a los siguientes 23 días.
La iniciativa invocó violaciones estipuladas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.
Y al ser desechada, siguió una cascada de amparos que reclamaron la omisión del Poder Legislativo, a la que se sumó la senadora Marybel Villegas con un par de juicios que reclamó el derecho a la salud de las mujeres, cuyos casos se radicaron en los juzgados Segundo (327/2021) y Cuarto (788/2021) de Distrito, mismos que fueron sobreseídos ese mismo año.
Hubo después otras demandas judiciales de activistas de Quintana Roo radicadas en los juzgados Segundo de Distrito (331/2021), Séptimo (317/2021) y Octavo (316/2021 y 318/2021), que tampoco prosperaron.
