NIDO DE VÍBORAS

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NIDO PAPA CALIENTE

Por KUKULKÁN

PARA salvar su pellejo de las investigaciones que se siguen desde hace seis años sobre el esclarecimiento de un desfalco por 429 millones de pesos en la administración de Roberto Borge Angulo, sus copartícipes en estos ilícitos soltaron la sopa revelando el modus operandi de cómo saquearon los recursos a través de 55 contratos, de nueve empresas fantasma, por la renta de maquinaria para supuestamente rehabilitar caminos en 4 municipios de la zona sur de Quintana Roo, así como con un trabajador de la construcción con identidad suplantada.

LAS PRINCIPALES cabezas de estas operaciones irregulares fueron Alejandro Marrufo Roldán, entonces titular de la Sefiplan, y Fernando Escamilla Carrillo, de Sintra, así como Andrés Canul, subsecretario Técnico y de Proyectos, quienes fueron vinculados a procesos por estos hechos a través de la carpeta administrativa 144/2018. Ahora en su defensa mediante un juicio de amparo para obtener medidas cautelares, los excolaboradores de Borge también revelaron que para las obras inexistentes se utilizó la partida presupuestal 6000 destinada al gasto corriente de obra pública, de cuyos recursos Sintra carecía de facultades para ejecutar.

LA GRAN IDEA de esta estrategia surgió a partir de que a Sintra se le asignaron 111.46 millones de pesos (mdp) anuales, lo que despertó la ambición de su titular quien mediante 31 oficios elaborados en cinco meses obtuvo una ampliación de los 429.2 mdp; es decir, recursos adicionales en 385 por ciento del gasto corriente anual autorizado. Ya con dinero en la bolsa y el mecanismo para desviarlo no les importó incumplir con la etapa de planeación presupuestal necesaria, programación para garantizar la disponibilidad presupuestal y un expediente técnico con el costo necesario que se debió considerar en el Presupuesto de Egresos. En esas condiciones, se suscribieron indebidamente los contratos por adjudicación directa con los diversos proveedores.

TODAVÍA pretendieron cubrir la insolvencia legal del método de asignación simulando sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Infraestructura y Transporte. Igualmente, se omitió precisar la ubicación de los lugares donde sería utilizada la supuesta maquinaria para habilitar caminos y no se elaboraron expedientes ni soportes documentales de las bitácoras que justificaran los trabajos, como tampoco los expedientes unitarios de las contrataciones. Las evidencias indican además que supuestamente se rehabilitarían caminos en zonas de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, sin embargo, desde 2016 autoridades de estas demarcaciones denunciaron la inexistencia de las obras.

Y CUANDO la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el apoyo de la Fiscalía General de Yucatán, procedió a comprobar la existencia física de los proveedores no lograron ser localizados e inclusive ante el fisco se reportaron con cero operaciones. A quien sí ubicaron fue al trabajador de la construcción cuyo nombre y domicilio utilizaron ilegalmente para consumar el desfalco. La cereza del pastel de la ilegalidad fue la justificación para el gasto, consistente en seis declaratorias de emergencia por actividad pluvial en Quintana Roo, pero al realizar una revisión en el Diario Oficial de la Federación las únicas publicadas en esa fecha (2013) fueron las ocurridas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres y Solidaridad, ubicados al norte del estado, con lo que se echó abajo la versión de que los recursos habían sido para rehabilitar caminos dañados en la zona sur.

ESTA papa caliente está ahora en manos de Mara Lezama Espinosa, cuya administración deberá dar continuidad al proceso penal con miras a recuperar algo de esos 429 millones de pesos desfalcados (y que podrían estar en cuentas bancarias de paraísos fiscales, propiedades y negocios), que buena falta le hacen a las arcas públicas estatales en estos momentos que atraviesan por una severa crisis por las deudas heredadas de su antecesor, Carlos Joaquín González, las cuales le estarán dando dolores de cabeza a la nueva gobernadora lo que resta del año.

@Nido_DeViboras

Un elemento del Ejército ofrecía desde el Campo Militar No. 1 equipo táctico, armas y granadas a un cártel del narcotráfico.