NIDO DE VÍBORAS

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NIDO FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA

Por KUKULKÁN

LA FALTA de seguridad jurídica en Quintana Roo ha sido el talón de Aquiles de inversionistas que apuestan su dinero al principal destino turístico del país enfrentando conflictos por la propiedad de inmuebles adquiridos de buena fe —a los que suelen aparecer dos y hasta tres propietarios— impulsados por todo un ecosistema de corrupción en el que participan ejidatarios, notarías y autoridades de los tres niveles de gobierno. No es el único escollo que deben librar: cuando logran vencer la dificultad y se disponen a desarrollar algún tipo de negocio, entonces el enemigo a vencer ahora es la sobrerregulación de trámites y servicios que en el caso de los desarrolladores se convierte en un laberinto de corrupción que ya comienza a desalentar y cancelar proyectos en algunos municipios.

LOS DATOS proporcionados por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (Cemer) de Quintana Roo, son alarmantes ya que la sobrerregulación de trámites y servicios cuenta con un catálogo conformado por hasta mil 200 procedimientos administrativos, léase instrumentos de corrupción. Y de acuerdo con el titular del organismo, Mario Luévano Cataño hay alrededor de 300 procedimientos repetidos o en desuso en registros desactualizados desde 2019. “No hay datos 100 por ciento ciertos”. Es decir, el libertinaje burocrático en pleno, alentado por el bono de confianza que da a las autoridades la atractiva demanda en el mercado estatal de inversiones, pero que podría afectar la economía como está ocurriendo en otras entidades.

RECIENTEMENTE en Monterrey, desarrolladores inmobiliarios de Nuevo León denunciaron que la ‘tramititis’, no sólo en la construcción de obras grandes en la capital del estado, como torres de departamentos, sino también en la vivienda unifamiliar se está retrasando deliberadamente la expedición de permisos para iniciar las obras, lo que ha provocado que las inversiones se vayan hacia otros municipios, estados de la república y hacia Estados Unidos. Como consecuencia de ese retraso, en julio y agosto pasados se registró un desplome de la inversión privada en infraestructura en aquella entidad, del orden de 14 y 16.7 por ciento respectivamente. Esto contrasta con entidades como Sonora, CDMX y Jalisco, que tuvieron alzas de hasta 93 por ciento durante agosto.

LAS QUEJAS de los desarrolladores neoleoneses, que allá sí representan un poder de influencia, lograron la semana pasada que fuera relevada de su cargo la directora de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable de Monterrey, Rina Ramos. En cambio, en Quintana Roo, por más denuncias de constructores afectados con la ‘tramititis’ durante el pasado gobierno de Carlos Joaquín González la solución fueron los moches a discreción para agilizar trámites, inercia que sigue reproduciéndose en algunos municipios del estado como Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, donde algunos desarrolladores comenzaron a denunciar abusos y amenazan con llevarse sus capitales a otros lados.

CAMBIAR estas condiciones que desfavorecen la economía estatal fue el compromiso que asumió la gobernadora Marla Lezama Espinosa desde su toma de posesión, en septiembre pasado, cuando ante el pleno del Congreso del Estado dijo: ‘Nuestra primera labor, en esta transformación profunda, es crear una nueva conciencia política y de servicio público que rompa por completo y definitivamente con el pasado; que cumpla con el “Decálogo de Principios y Valores del nuevo Gobierno”, y demuestre con hechos, que no somos iguales’. La instrucción ha sido tomada por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria que ha iniciado una agenda de capacitación para actualizar y desdentar el catálogo de trámites burocráticos requeridos en las oficinas públicas para iniciar un negocio.

@Nido_DeViboras

Un elemento del Ejército ofrecía desde el Campo Militar No. 1 equipo táctico, armas y granadas a un cártel del narcotráfico.