Da juez otro revés a traslado de GN

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Da juez otro revés a traslado de GN
  • Un juez de la CDMX concedió la segunda suspensión que prohíbe trasladar la Guardia Nacional a la Sedena.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal de la Ciudad de México concedió la segunda suspensión que prohíbe trasladar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Roberto Fraga, juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión provisional en un amparo promovido por la asociación civil Causa en Común, para impugnar la reforma legal del 9 de septiembre, que pretende transferir la Guardia Nacional a la Sedena desde la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana.

Esta suspensión se suma a la otorgada el pasado 24 de octubre por Karla Macías, jueza Novena de Distrito en Guanajuato, que el gobierno ya impugnó ante un tribunal colegiado de circuito, pero mientras tanto está vigente.

El juez Fraga advirtió que, de una revisión inicial, es claro que la reforma viola el artículo 21 de la Constitución, que ordena que la GN será una corporación civil adscrita a la SSP.

Entre los efectos que tiene la suspensión, concedida en el amparo 1845/2022, están que permanezca el mando civil de la GN como cuerpo policial adscrito exclusivamente a la SSP; se detenga la transferencia de recursos y se paralice el desplazamiento y cesación de los elementos de la extinta Policía Federal (PF) de la GN.

Fraga resolverá el próximo 22 de noviembre si concede la suspensión definitiva, lo que parece inevitable, e implicaría congelar durante varios meses la implementación de esta reforma, pues la eventual impugnación del Gobierno difícilmente sería resuelta este año.

“El decreto impugnado pretende normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, a través de la adscripción y subordinación de la GN, esto es, tendrá una estructura donde queda en un nivel bajo el mando de la Sedena (autoridad militar), de suerte que todas sus acciones, programas, recursos humanos, materiales, presupuesto y financieros quedaron bajo la dirección y disposición de la Sedena”, explicó el juez.

“Por ende, se tiene por acreditada la apariencia del buen derecho, pues de no concederse la suspensión podrían trastocarse los derechos de la parte quejosa, causando una afectación a su esfera jurídica, en atención a que el decreto impugnado afecta los derechos de la parte quejosa, así como de la sociedad misma, al establecer una institución de seguridad de carácter militar y no civil como lo prevé el texto fundamental”.

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