- Las bancadas del PAN y PRI en el Congreso local endurecieron la pugna que mantienen con el Gobernador Samuel García.
MIRIAM GARCÍA – PERLA MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Las bancadas del PAN y PRI en el Congreso local endurecieron la pugna que mantienen con el Gobernador Samuel García.
Ayer aprobaron reformas a la Ley de Participación Ciudadana para que el Mandatario esté sujeto a la revocación de mandato y dar entrada a un juicio político en su contra por alterar el Escudo de Armas del Estado.
En una jornada de enfrentamientos y reclamos especialmente entre emecistas y panistas, en medio de la pugna con García por la elección del Fiscal General de Justicia y el embargo de cuentas a municipios del PRI y del PAN, los Diputados aprobaron que se le aplique al Gobernador la revocación a la mitad de su mandato.
La revocación, que fue promovida por García cuando fue Diputado local emecista y después como Senador, es un instrumento solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada de la persona titular de la Gubernatura por pérdida de confianza.
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La reforma avalada ayer, que aún puede ser vetada por el Gobernador, fue aprobada por 30 votos a favor y 11 en contra de los legisladores de Movimiento Ciudadano. Raúl Lozano, del PVEM, no votó.
Ese ajuste a la Ley se aprobó en la Comisión de Legislación desde el 27 de junio, pero el Congreso lo “guardó” tras acuerdos con el Gobernador.
Según lo aprobado ayer, la solicitud de revocación podrá hacerse dentro de los tres meses posteriores al tercer año de gestión del Ejecutivo, la pueden pedir ciudadanos al Instituto Estatal Electoral y deberá apoyarla el 10 por ciento de los electores en la Lista Nominal procedentes de al menos 26 municipios.
De acreditarse el respaldo ciudadano, la consulta para la revocación se hará el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria.
Durante el debate de la reforma, los legisladores de MC acusaron que llevaba dedicatoria contra el Gobernador.
Eduardo Gaona, líder de la bancada emecista, demandó incluir la revocación de Diputados locales y Alcaldes, mientras sus compañeros mostraban pancartas con las leyendas “El pueblo pone, ¿y el PRIAN quita?”.
Tras aprobar la revocación, se pidió formar una Comisión Jurisdiccional e iniciar un juicio político contra el Gobernador y otro contra el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, y la titular del Periódico Oficial, Verónica Dávila.
El juicio contra el Gobernador es por presuntamente alterar el Escudo de Armas y con base en una demanda hecha por un ciudadano desde enero.
El juicio contra Navarro y Dávila fue presentado el martes y obedece a una petición de los líderes estatales del PAN y PRI, acusándolos de no publicar 56 decretos aprobados por el Congreso.
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