Permiten a Fiscalía retomar caso Scherer

221
Permiten a Fiscalía retomar caso Scherer
  • Un tribunal federal reabrió para la FGR la posibilidad de volver a imputar a tres abogados acusados de extorsionar a Juan Collado.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal ratificó que no hay elementos para procesar a tres abogados y un asesor financiero que supuestamente fueron los intermediarios de Julio Scherer Ibarra para extorsionar a Juan Collado, sin embargo, reabrió para la FGR la posibilidad de volver a imputarlos.

Graciela Santés Magaña, magistrada del Cuarto Tribunal Unitario Penal en esta ciudad, confirmó la no vinculación a proceso en favor de los litigantes Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, y el asesor financiero David Gómez Arnau.

Los cuatro fueron imputados por los delitos de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado, pero la magistrada estableció que los datos de prueba eran insuficientes para vincularlos a un procedimiento penal.

La magistrada ratificó la no vinculación del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, dictada en una audiencia del pasado 19 de mayo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, pero revocó otros de los apartados de esa resolución.

Uno de ellos fue el sobreseimiento o cancelación de la carpeta de investigación, revocación que ahora permite a la FGR continuar con la indagatoria, allegarse de más datos de prueba, perfeccionar y, eventualmente, judicializar de nueva cuenta el caso.

“Este Tribunal de Alzada considera que debe revocarse el sobreseimiento de la causa penal, a fin de que la Fiscalía pueda ejercer su facultad constitucional de continuar con la investigación inicial y cumplir con los objetivos del proceso penal”, sentenció Santés.

Otro de los resolutivos revocados es la orden que giró el juez Delgadillo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para investigar a Collado y a los fiscales federales por irregularidades y actos indebidos en agravio de los imputados.

De acuerdo con el fallo, la magistrada rechazó convalidar un argumento central de Delgadillo, en el sentido de que en este asunto existía un “efecto corruptor” del proceso y por tanto debía cancelarse la investigación y archivarse el caso en forma definitiva.

El “”efecto corruptor”, según Delgadillo, radicaba en que la investigación tenía vicios de origen porque inició con una solicitud de criterio de oportunidad de Collado, la cual los imputados señalaron de improcedente porque condicionaba la parcialidad de sus dichos.

“Este Tribunal de Alzada considera que las razones proporcionadas por el juez de control, no daban lugar a actualizar la figura del efecto corruptor del proceso penal, aunado a que no se encontraba en condiciones para pronunciarse sobre la integridad legal de la investigación y decretar el sobreseimiento de la causa”, dijo Santés.

Puntualizó que la FGR no hizo una correcta clasificación de los delitos —lo que implica que puede modificarlos y volver a ejercer la acción penal—, pero eso no quiere decir que las pruebas contra los implicados no sean fiables.

“Contrariamente a lo alegado, se ha explicado que la inconsistencia en la imputación y solicitud de vinculación a proceso, derivada de una deficiente investigación originada por una lectura incorrecta de los tipos penales, no es posible considerarla como un acto transgresor de derechos fundamentales, que afecte la fiabilidad del material probatorio”, determinó la titular del tribunal.

“Este Tribunal de Alzada considera que las razones proporcionadas por el juez de control, no daban lugar a actualizar la figura del efecto corruptor del proceso penal, aunado a que no se encontraba en condiciones para pronunciarse sobre la integridad legal de la investigación y decretar el sobreseimiento de la causa, pues lo expuesto ante su inmediación, contenía inconsistencias trascendentes que impedían conocer cuál es la versión que reflejan de los actos de investigación”.

Sobre los delitos, Santés dijo que no se configura la extorsión porque Collado sabía que eran ilegales las gestiones que le propusieron para salir de prisión; y, sobre el lavado, señaló que era parte de la extorsión y que en este caso no podía imputarse como un delito independiente.

Del tráfico de influencias, la magistrada destacó que para imputar el ilícito la Fiscalía antes debe acreditar que se hicieron gestiones ilegales específicas de los imputados ante la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

N-GRÁFICO-FISCALÍA-CASO-SCHEFRER

El fallo de la magistrada puede ser impugnado a través del amparo tanto por Collado, quien tiene la calidad de víctima en este caso, como por los cuatro imputados.

Te puede interesar: Pasan audiencias de Emilio Lozoya a 2023

Un elemento del Ejército ofrecía desde el Campo Militar No. 1 equipo táctico, armas y granadas a un cártel del narcotráfico.