- Víctimas consideran que la Alerta local no ha impactado de forma significativa en la disminución de feminicidios y de la violencia en general.
INTI VARGAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tres años, tras reiteradas negativas a aplicar la Alerta de Violencia de Género nacional, el Gobierno de la Ciudad de México activó su propio decreto, con sus propias medidas y reglas pero sin metas cuantificables que permitieran evaluar sus resultados.
Ahora, activistas y víctimas consideran que la Alerta local no ha impactado de forma significativa en la disminución de feminicidios y de la violencia en general.
Tampoco ha logrado que la justicia sea expedita para las víctimas, a menos que sus casos se vuelvan virales en redes sociales.
Patricia sufrió una violación en 2020, cuando ya el decreto de alerta llevaba un año activo. Fue en la vía pública, en la Alcaldía Iztapalapa, sufrió revictimización cuando denunció, pues las autoridades la culparon por su forma de vestir, por estar sola en la oscuridad, y su agresor no ha sido detenido.
“No sé qué significa (la alerta), mi vida quedó rota, al agresor no creo que lo agarren y a mí me sigue dando miedo caminar sola en la calle”, lamenta.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, señala que hay avances debido a la presión social y a la lucha de deudos y activistas, pero que sigue la impunidad cuando los casos no son mediáticos.
“En algunos no se asumieron realmente medidas”, comenta.
“Siempre se le pidió a la Ciudad de México una línea base que nos permitiera saber dónde estamos, cuántos casos de delitos había, cuántas desapariciones. Ahora no tenemos la claridad de si realmente ha mejorado, cómo está trabajando la Fiscalía, es muy importante saberlo”, señaló
“Se iba a revisar con las diversas autoridades para que se acordaran medidas para ampliar y elaborar indicadores que nos permitan hacer una evaluación real de cómo está avanzando. Sin embargo ese paso ya no se dio, realmente no se cumplieron con los acuerdos y creo que es importante en la Ciudad haberse dado seguimiento sobre varias medidas fundamentales, realmente no tenemos avances, no se asumieron realmente las medidas”.
Estrada puntualizó que, si bien la declaratoria federal tiene deficiencias, se pueden subsanar reforzando a los colectivos y activistas que evaluarán el avance de las acciones, el dinero que se gasta en estas y cómo impacta a las víctimas de la violencia.
El reto de lograr una revisión real se complicó con la pandemia de Covid-19, porque el acceso a la justicia disminuyó y aumentó la violencia que las mujeres sufrían en sus propios domicilios.
Ana Elena Contreras, del colectivo Las del Aquelarre Feminista, urgió a que las autoridades capitalinas comiencen a facilitar la evaluación de sus acciones por la autoalerta.
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