NIDO DE VÍBORAS

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NIDO AEROPUERTO TULUM

Por KUKULKÁN

OLVIDADAS por décadas de los servicios de agua potable, energía eléctrica y atención médica, las comunidades de Yalchén, San Silverio y Pino Suárez hoy son la manzana de la discordia entre Felipe Carrillo Puerto y Tulum no sólo por un conflicto limítrofe añejo —que por error del INEGI los contempló geográficamente dentro del territorio del primero aunque administrativa y financieramente dependen todavía del segundo— sino principalmente porque su cercanía al nuevo aeropuerto que se proyecta construir a partir de 2023 en la zona maya ha despertado la codicia entre autoridades municipales que, de forma individual, buscan beneficiarse con el desarrollo económico prometido por esta megaobra del gobierno de la Cuarta Transformación.

AUNQUE se trata de presidencias municipales en poder de Morena, la disputa aparentemente tuvo su desenlace hace un par de semanas cuando el cabildo de Tulum aprobó reformar el Bando de Policía y Buen Gobierno, así como el Reglamento de la Administración Pública para dejar fuera de su territorio y de su presupuesto a las tres comunidades a partir del 1 de enero del año entrante, lo que implica suspender los pagos de nómina, energía eléctrica, seguridad pública y demás servicios municipales que ahora se trasladarán a la jurisdicción de Felipe Carrillo Puerto.

EL ALCALDE tulumense Marciano Dzul Caamal fue más que elocuente al justificar el desaire de su decisión: ‘Son tres poblados que se le quitaron al municipio de Tulum. Por eso estamos adecuando nuestros reglamentos, nuestras leyes, para que cada municipio se haga cargo de sus poblados. En este caso, San Silverio, Yalchén y José María Pino Suárez pertenecen al municipio de Felipe Carrillo Puerto, por lo tanto, que ellos paguen el consumo del alumbrado público, la nómina de la policía y la nómina del personal que le da mantenimiento’.

Y ARENGÓ: ‘Nosotros hemos cargado estos 14 años para atender a los hermanos de esos tres poblados, porque ellos no quieren pertenecer al municipio de Felipe Carrillo Puerto. Sin embargo, nosotros respetamos lo que la ley nos marca, y nosotros como municipio no podemos hacer inversión allí, por eso estamos deslindando la responsabilidad de cada uno’. Ante tal postura, su homóloga y correligionaria Mary Hernández Solís le reviró que efectivamente estás comunidades estuvieron abandonadas por las anteriores autoridades, pero a partir de ahora que legalmente ya son de su jurisdicción les va a invertir los recursos necesarios para atender sus necesidades, aunque admitió que los recursos públicos siguen siendo una limitante.

PERO el conflicto no ha terminado con este deslinde y aceptación de responsabilidades de uno y otro lado, ya que los más de mil habitantes de estos tres poblados prefieren seguir perteneciendo a Tulum por la cercanía y fácil acceso a las atenciones, lo cual representa un asunto de difícil digestión para los diputados de la XVII Legislatura del Congreso que deberán encontrar una solución antes de que termine el año para que la situación política no les estalle entre las manos, como lo ha reconocido el legislador José María Chacón Chablé, quien adelantó que el asunto ya se está en la mesa del pleno para ser valorado. ‘Ahora no hay avance, pero es claro que debemos sesionar y tocar este tema para terminar con este conflicto; ahora sólo nos queda mediar la situación políticamente y que exista respeto, mientras en la medida de las posibilidades se toma una decisión’, valoró.

LO QUE no puede suceder es que los habitantes de estas comunidades mayas se queden sin contar con los servicios y atenciones básicas por una disputa de ambiciones entre alcaldes de la misma coalición política que no lograron ponerse de acuerdo para cumplir con los principios de la 4T de garantizar el bienestar de los que menos tienen. Sobre todo, cuando Morena no sólo tiene en su poder el control del gobierno del estado y del Poder Legislativo, sino también la mayoría de los once ayuntamientos. No cabe duda que cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde.

@Nido_DeViboras

Un elemento del Ejército ofrecía desde el Campo Militar No. 1 equipo táctico, armas y granadas a un cártel del narcotráfico.