- Prohibirán a funcionarios gastos excéntricos. Quitarán privilegios como seguro médico privado y servicio de escolta.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La Ley de Austeridad de Quintana Roo espera turno para ser aprobada en el Congreso del Estado.
El documento prohíbe a los servidores públicos costear con el presupuesto los servicios médicos privados o seguros de gastos médicos mayores para ellos y sus familias, pero también (salvo contadas excepciones) utilizar vehículos blindados y servicios de escolta o los hoteles de lujo.
A diferencia del titular del Ejecutivo estatal que tendrá un inventario básico de aviones oficiales para su servicio, los demás funcionarios únicamente podrán viajar por aviación comercial y en clase económica, salvo también causas justificadas.
La propuesta legal dicta que, con independencia del cargo o jerarquía, se tendrá derecho al mismo servicio médico general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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La iniciativa de Ley fue propuesta por la fracción parlamentaria del partido Morena, encabezada por su coordinador Luis Humberto Aldana, y validada por otros nueve integrantes de la misma bancada, con el objeto de regular un gasto estatal eficiente, racional y honesto.
El ordenamiento se alinea a las acciones emprendidas por la gobernadora Mara Lezama de hacer más eficiente el uso del presupuesto y reorientar las políticas públicas a favor de los grupos vulnerables, para aspirar a una sociedad más igualitaria y justa.
La Ley de Austeridad estatal precisa que pretende someter a los tres poderes del Estado a adoptar principios estrictos de la austeridad republicana, y que en el ámbito federal lo ha dictado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el primer párrafo del documento se define a la austeridad “como el gasto de lo necesario para la supervivencia de una persona o una organización”; es decir, el uso regulado de las condiciones económicas que permitan una mayor estabilidad económica en el mediano y largo plazo.
La propuesta turnada al Legislativo tiene una exposición de motivos, cuatro apartados con 44 artículos y cuatro transitorios, en los cuales se advierte que su cumplimiento es obligatorio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los once municipios, las 32 entidades paraestatales, los 18 órganos desconcertados y los seis órganos autónomos de la entidad.
A los sujetos obligados de rendir los avances de gestión financiera se les impone la elaboración de un informe de austeridad, el cual se especifique el monto ahorrado del gasto operativo de manera trimestral que se deberá entregar a la Auditoría Superior y a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Los Ayuntamientos, en apego a su autonomía presupuestaria, tendrán que hacer el mismo reporte y presentarlo ante sus respectivos Cabildos.
Los recursos remanentes y subejercicios tendrán que ser administrados en apego a la normatividad en materia de gasto público, considerando su reasignación “de manera prioritaria” a programas sociales relacionados con salud, educación, seguridad pública y atención a situaciones de emergencia.
La citada austeridad, se aclara, “no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión de programas sociales, a excepción de que exista una evaluación del impacto presupuestario que acredite un dispendio de recursos con relación al beneficio que otorgue el programa social”.
En el Título Tercero “Del Ejercicio del Gasto” se listan todas las restricciones del uso del gasto estatal en tiempos de transformación, como llevar al mínimo necesario la contratación de muebles e inmuebles de arrendamiento, y la adjudicación de alquileres y servicios que, por regla general y de manera prioritaria, será por licitaciones.
Igualmente, la forma en que se deberán adquirir los insumos para la operación de áreas, como inmuebles, combustibles, papelería y otros materiales, además de la compra de vestuario y uniformes para la burocracia administrativa.
La excepción será el personal de seguridad pública, protección civil, salud y ciencias forenses, además de los trabajadores que gocen de esa prestación en las condiciones generales de trabajo.
La restricción impacta a los viajes, viáticos, gastos de representación, alimentos, casetas de autopista y hospedaje en cualquier destino, de los cuales sólo se autorizan aquellos de carácter oficial con la entrega de un informe de resultados, pero también a congresos y seminarios cuyo tope de contratación será el mismo al último contratado.
Otros candados impuestos a los titulares de los poderes, dependencias o entidades del Ejecutivo, presidencias municipales o titulares de los organismos, es que únicamente podrán contratar una secretaria privada y tendrán un chofer de apoyo.
