- Detallan afectaciones a comunidades indígenas. Miembros del asentamiento Torres de la Paz llevan más de 10 años sufriendo.
MARCO ANTONIO BARRERA
SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Al menos 500 familias indígenas y de migrantes locales y extranjeros, junto a la biodiversidad de Quintana Roo, se han llevado la peor parte por la actividad extractiva de la minera Calizas Industriales del Carmen (Calica), que por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador fue clausurada temporalmente en mayo pasado.
El deterioro ambiental, las constantes explosiones en el subsuelo y la contaminación de los mantos freáticos han afectado por igual a hombres, mujeres y niños del asentamiento Torres de la Paz desde hace más de una década.
Pero los menores de edad y los adultos mayores son los más perjudicados al padecer casos de asma por respirar los polvos finos del procesamiento de piedra, grava y arena que los alcanzaron por estar colindantes a menos de dos kilómetros de la compañía extractiva.
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“Cuando estaba funcionando Calica, las explosiones por las madrugadas se escuchaban muy fuerte y muchos niños enfermos, entre ellos mi nieta, que todavía sigue con el problema del asma.
“Ella, muy mal, ella quedó así enfermita. El médico dice que va a llevar hasta 12 o 13 años para que se cure totalmente. El polvillo se sentía, muy finito”, expresó María Luisa Cruz a Luces del Siglo, presidenta de los padres de familia de la escuela comunitaria.
La comunidad Torres de la Paz se extiende dividida en cuatro secciones sobre una línea recta de cuatro kilómetros aproximadamente sobre el derecho de vía de unas estructuras de alta tensión, cuya zona habitacional es la más cercana a la planta de la filial del gigante estadounidense de materiales para la construcción “Vulcan Materials Company”.
En los predios donde habita una comunidad pluricultural hay familias de hasta siete integrantes (cada una) de población local, maya, chiapaneca, veracruzana y tabasqueña, pero igual otras que provienen de Perú, El Salvador, Guatemala, Cuba, Argentina e India.
La condición que prevalece es de marginación por carecer de agua potable, drenaje y luz eléctrica, pero también por estar sin acceso a la justicia, a las políticas sociales, programas de desarrollo y a las instituciones de salud.
Igualmente, los pobladores enfrentan la falta de certeza jurídica de los predios donde habitan, que en algunos casos comentan haber comprado en 13 mil pesos, pero sin tener títulos de propiedad ni mucho menos una identificación oficial que avale su vecindad.
La comunidad recurrió recientemente (24 octubre) a la justicia federal para interponer una acción colectiva contra la empresa Calica, a la cual acusan de violentar su derecho constitucional a un medio ambiente sano y libre de contaminación, particularmente del derecho superior de las niñas y los niños a un desarrollo sustentable.
El reclamo legal representado por el Quetzal Tzab del Movimiento Indígena Maya Peninsular, el cual se basa en que la empresa (que recientemente cambió su nombre comercial a Sac-Tun), atentó contra la salud de la población y el medio ambiente al contaminar las corrientes subterráneas, dejando el agua dulce no apta para el consumo humano que los pobladores obtienen a través de pozos.
Los afectados exigen legalmente labores de remediación o reposición por el daño medioambiental causado, tal como está avalado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al decretar la clausura temporal total de las instalaciones extractivas el 4 de mayo de 2022.
El recurso jurídico se mantiene detenido al no poder acreditar la condición de vecindad de los quejosos, al carecer de algún documento que lo acredite, de ahí que reconocen su invisibilidad.
La misma demanda ya traspasó fronteras cuando Quetzal Tzab detalló esta situación en el XI Foro de las Naciones sobre Empresas y los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, en noviembre pasado.
“Exigimos el cierre definitivo de la mina y que la empresa Vulcan asuma su responsabilidad, haciendo lo necesario para revertir o compensar a las comunidades, mediante acciones sustitutas que dicte el juez por el daño ambiental causado por su mina Calica”.
Ante el Alto Comisionado planteó también la elaboración de instrumento internacional para que las compañías del mundo “tengan un hasta aquí, que se elabore un instrumento para hacer que esta clase de compañías aprendan a decir, hasta aquí y no más”.
Los habitantes de esa zona enclavada en la selva trabajan en su mayoría en los dos principales sectores económicos que generan la mayor riqueza de Quintana Roo, el turismo y la construcción, pero paradójicamente ellos habitan viviendas improvisadas, de las cuales una o dos tienen como banqueta una porción de la fina arena de las playas turquesa que caracterizan al paraíso caribeño.
En el extremo sur donde termina el asentamiento (la zona poblada más cercana a Calica), se ubica una escuela a medio construir (con contribuciones de los vecinos) en la que se imparte educación a 81 estudiantes (11 de preescolar, 50 de primaria y 20 de secundaria).
Maria Luisa Cruz manifestó que el funcionamiento del plantel se da con el trabajo comunitario y de profesoras voluntarias, pero en lo inmediato requieren 30 láminas y piso firme para las aulas de secundaria, ya que los estudiantes toman clase a la intemperie, debajo de una lona.
El plantel escolar cuenta con el reconocimiento oficial del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y ante la falta de apoyos oficiales son los pobladores y representantes indígenas los que siguen habilitando instalaciones e implementando talleres de interculturalidad para niños, entre otras actividades.
En Torres de la Paz la situación no es nada fácil pero sus habitantes seguirán viendo por su bienestar, aún contra corriente, como ha sido, sin contar con el apoyo de autoridades desde hace una década.
“Saben que existimos, pero no nos voltean a ver”.
