Refrenda EU cláusula contra militarización

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Refrenda EU cláusula contra militarización
  • Sobre el monto de ayuda bilateral que será entregado a México en 2023 por EU, este será un monto comparable al de años pasados.
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El Congreso de Estados Unidos refrendó ayer, por segundo año consecutivo, una cláusula que establece que ninguno de los fondos de ayuda anticrimen que entregará a México durante 2023 sea usado para financiar proyectos de militares involucrados en labores de seguridad pública.

Insertada en la masiva Ley de Gastos para el Año Fiscal 2023, aprobada ayer por la Cámara Baja, y que ya ha sido avalada por el Senado, la cláusula contra la militarización limitaría otorgar fondos de EU para proyectos de la Guardia Nacional mexicana, conformada principalmente por militares.

“El Comité ordena que ninguno de los fondos asignados por esta ley y puestos a disposición para asistencia a México se utilicen para apoyar la participación militar en la aplicación de la ley en México”, dice el texto.

“Además, el Comité ordena que los fondos asignados por esta ley y puestos a disposición para apoyar el cumplimiento de la ley en México deberán incluir apoyo para mecanismos efectivos de control interno y externo”, añade.

Sobre el monto de ayuda bilateral que será entregado a México para el Año Fiscal 2023, el texto de la nueva Ley de Gastos no establece una cifra exacta pero refiere que será un monto comparable al de años pasados; durante el Año Fiscal 2022, EU otorgó 158 millones de dólares en ayuda a México.

Desde el año fiscal 2008, con el inicio de la llamada Iniciativa Mérida, el Gobierno estadounidense ha otorgado un total acumulado de 3 mil 500 millones de dólares para diversos proyectos anticrimen que involucran desde entrenamiento de policías, apoyo a sociedad civil y compra de equipos y tecnología.

En la nueva Ley de Gastos, el Capitolio también exigió a Biden entregar un reporte sobre el llamado Entendimiento Bicentenario, el acuerdo bilateral anticrimen negociado por el Gobierno de López Obrador y que sustituyó a la Iniciativa Mérida en 2021.

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