Acusan en FGR que Congreso de NL viola suspensión

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Acusan en FGR que Congreso de NL viola suspensión
  • Samuel García informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el congreso del Estado.
MIRNA RAMOS / AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Al considerar que el Congreso del Estado violó una suspensión definitiva de amparo, la Administración de Samuel García informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con una ficha informativa remitida por el Gobierno estatal, los legisladores incurrieron en un delito al reformar la Constitución local para eliminar atribuciones al Ejecutivo en el proceso de selección de Fiscal General local.

Según la interpretación del Estado, esta reforma viola la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, como parte del juicio 1482/2022, en la que prohibía al Congreso seguir adelante con el proceso para nombrar al nuevo Fiscal.

“Se considera que tales hechos tienen apariencia de delitos de índole federal como lo son el de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 215 del Código Penal Federal”, afirmó el Estado.

Grupo REFORMA publicó que aunque el Congreso local logró la revocación de tres suspensiones de amparo concedidas contra el proceso de designación del nuevo Fiscal General, el Juzgado Primero de Distrito concedió una suspensión definitiva para mantener paralizado el procedimiento.

En la suspensión concedida al particular Juan Guillermo Ávila Sarabia no se aclara si la reforma a leyes en lo que se refiere a la designación del Fiscal implica que se está realizando alguna actuación dentro del proceso de selección iniciado en septiembre tras la renuncia al cargo de Gustavo Adolfo Guerrero.

El Gobierno estatal también informó que presentó una queja como parte de la controversia constitucional 238/2022, en la que fue concedida, el 24 de noviembre, una suspensión para efectos de paralizar el proceso iniciado para encontrar al nuevo Fiscal.

También en este caso el Estado consideró que la reforma a la Constitución aprobada el 21 de diciembre en primera vuelta viola la resolución.

En ambos casos los Diputados señalados son los que aprobaron la reforma, es decir los priistas, los panistas y Jessica Martínez, sin partido.

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