Alertan por riesgos a cárceles estatales

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Alertan por riesgos a cárceles estatales
  • Las autoridades penitenciarias de diversos estados del país han demostrado tener la guardia baja para el control de las cárceles locales.
BENITO JIMÉNEZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades penitenciarias de diversos estados del país han demostrado tener la guardia baja para el control de las cárceles locales y el manejo de los internos, algunos de los cuales son de alta peligrosidad y representan un elevado riesgo de generar violencia al interior de las instalaciones.

A la problemática se suma que los penales estatales no solicitan en tiempo y forma el traslado de reos de riesgo hacia centros federales de alta seguridad, de acuerdo al gabinete de Seguridad federal.

El caso más reciente se registró en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un grupo del crimen organizado orquestó una serie de hechos de violencia en distintos puntos de la ciudad para distraer a las autoridades y facilitar un motín que permitió la fuga de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias el “Neto”, un cabecilla local.

El secretario de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval, reprochó que no existió ninguna solicitud previa por parte de la entidad o el penal para el traslado de internos peligrosos, aunque la administración estatal panista argumentó que sí existió la petición, pero de manera informal.

“No fue solicitado el traslado (del ‘Neto’) a otro penal con mayor seguridad, el estado tiene que realizar ese trámite para sacar reos que son peligrosos o para que no haya sobrepoblación; en este caso no se tuvo (el trámite)”, señaló Sandoval.

Los penales bajo control estatal también reportan personal que no ha sido debidamente capacitado y cuyo número resulta insuficiente en tareas de guardia y custodia.

“Esto ha influido en una creciente autogobernabilidad, impunidad y corrupción al interior de esos centros (estatales)”, citó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.

“Si se suma al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad, los hace en centros donde los fines de la reinserción social sólo son utópicos en tanto las autoridades penitenciarias continúen siendo permisibles o aquiescentes ante tales conductas”.

La primera fuga de reos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se reportó en el marco del llamado “Culiacanazo”, un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del capo del Cártel de Sinaloa, Joaquín el “Chapo” Guzmán.

El 17 de octubre de 2019, en Culiacán, 51 reos lograron evadirse en medio del caos ocurrido tras la captura y posterior liberación de Ovidio. Los internos despojaron de sus armas a cinco custodios y salieron por la puerta principal.

El 29 enero de 2020, tres integrantes del Cártel de Sinaloa lograron burlar la seguridad del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, y salieron en un vehículo oficial que tenía hasta chofer.

Los evadidos fueron Víctor Manuel Félix Beltrán, el “Vic”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, así como Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro, ambos con órdenes de extradición a Estados Unidos.

Para mayo de ese año otros dos reclusos se fugaron del penal de Cieneguillas, en Zacatecas, a través de un túnel y en septiembre de 2021 tres internos huyeron de la cárcel de Solidaridad, Quintana Roo, con el apoyo de autoridades.

Un comando armado liberó en diciembre de 2021 a nueve internos del penal de Tula, en Hidalgo, para lo cual recurrieron al uso de una camioneta con blindaje artesanal que les permitió derribar la puerta del Cereso.

En octubre 2022, el penal de Cieneguillas reportó la fuga de siete presos. Se presume que escaparon mediante hoyos realizados en los muros.

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