Por KUKULKÁN
SE CUMPLIERON los primeros cien días del gobierno de Mara Lezama Espinosa y con ello el tiempo establecido en la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para que los titulares de las dependencias, organismos y entidades del gabinete ampliado (45 en total) respondan cómo recibieron sus respectivas secretarías o direcciones, a través de un acta de ‘conformidad’ o de ‘inconformidad’ ante la Secretaría de la Contraloría para que se proceda al cierre del trámite oficial o se activen acciones para sancionar a los responsables de aquellos casos en que se comprueben irregularidades.
SOBRE el escritorio de la contralora del gabinete estatal, Reyna Arceo Rosado hay de ambos tipos, pero predominan las actas de inconformidad en contra de lo entregado, por hechos que van desde inconsistencias y discrepancias en la documentación, sobrevaluación de cotizaciones, incumplimiento de obras, pagos adelantados a proveedores, nóminas alteradas, hasta fuga de recursos públicos mediante diversos esquemas de corrupción por parte de funcionarios del gobierno de Carlos Joaquín González quienes cuentan con un plazo de 15 días para solventar las irregularidades reclamadas por los nuevos titulares.
LA INSTRUCCIÓN recibida por los miembros del gabinete de Mara Lezama es que se aplique la ley hasta sus últimas consecuencias, sin privilegios de quienes resulten responsables, sobre todo si se malversaron fondos públicos en temas sensibles como la salud, la educación y la seguridad pública, como parece abundan sobre el escritorio de la contralora. Quien salió ‘sorprendido’ a declarar que se detectaron obras inconclusas en al menos 20 planteles fue Carlos Gorocica Moreno, titular de la Secretaría de Educación, pero más que un acto de transparencia su adelantada revelación se interpreta como un ‘amarrarse el dedo’ para no salpicarse pues en la pasada administración fungió como subsecretario y hasta apenas se vino a dar cuenta. Ya veremos cómo le va.
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A TONO con la evolución digital, la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz le ha impreso a su administración el sello de un gobierno de Wifi restringido donde el principal problema no ha sido el ancho de banda, sino que la banda simplemente no da el ancho. Esto por la falta de resultados y la aplicación de malas prácticas permitidas a su principal operador político y financiero Abraham Masegosa Raña cuyo mayor aporte ha sido la instalación de un sistema de ingresos y egresos de doble contabilidad para vaciar las arcas públicas.
SE TRATA del mismo esquema, la misma empresa (Opergob) y el mismo funcionario que durante el gobierno de Roberto Borge Angulo operó el sistema de doble contabilidad en el municipio de Benito Juárez para controlar el flujo de recursos públicos captados a través de pagos a modo desde una oficina alterna, cuyos montos no timbraban en las cajas oficiales, sino en las dispuestas exprofeso. Casi una década después, Masegosa vino a poner en práctica las mismas prácticas con la misma empresa y la misma banda de saqueadores, lo que se avizora como el último clavo de la tumba política de la alcaldesa en su pretensión de reelegirse. Entre los portomorelenses destacan la enorme evolución experimentada por Blanca Merari: una ama de casa que pasó de la estufa a la estafa.
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DURANTE su participación en la reunión post-2020 de la Agenda Biodiversidad-Cambio Climático, en el marco de la COP 15 celebrado en Montreal, Canadá, la secretaria de Ecología y Medio Ambiente, Huguette Hernández Gómez suscribió un paquete de acciones que colocan a Quintana Roo en la estrategia global sobre conservación, restauración y uso sustentable de la biodiversidad, entre ellas la creación del Instituto de Estatal de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado, la Ley de Responsabilidad Ambiental y la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano.
ADEMÁS, se cuenta ya con el seguro paramétrico para las playas y arrecifes de coral contra huracanes, la instalación de la Comisión Estatal Intersectorial para el Manejo Sustentable de las zonas costeras, la creación de la Política de Costas de Quintana Roo y la formación de guardianes comunitarios para cuidar las selvas y los bosques, junto con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, todas ellas acciones fundamentales de la agenda climática del gobierno de Mara Lezama.
