Por KUKULKÁN
CUANDO la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo entró en vigor en junio de 2018, el entonces gobernador Carlos Joaquín González salió al paso de críticas y presión de los taxistas que se inconformaron con la entrada legal de Uber al mercado estatal de transporte como un servicio privado con tan sólo con un permiso expedido por el Instituto de Movilidad, no con una concesión de placa como se obliga al transporte público: “Parece que hay muchos malos entendidos, pero ese tema va mucho más allá del tema Taxistas-Uber, el propósito del gobierno del estado es coordinar el transporte, tener un sistema dentro del crecimiento de nuestra ciudad que permita que los usuarios sean el centro de atención, no sólo los taxistas o Uber, sino el usuario debe ser el centro de atención, para que lleguen a tiempo y tenga un mejor servicio, la ley entrará en análisis y revisiones para que a partir de ahí genere un instrumento que permita el orden”, sostuvo.
LOS TAXISTAS no se confiaron y protestaron primero con movilizaciones en los once municipios de estado y posteriormente llegaron al uso de violencia, ante lo cual el gobernador tuvo que ceder a sus pretensiones y un mes después de haber entrado en vigor la legislación tuvo su primera reforma para considerar a Uber como un servicio de transporte público y por lo mismo le exigieron tramitar la concesión de la respectiva placa para poder operar. Esta modificación de último momento fue impugnada por la empresa de la plataforma digital ante la justicia federal que después de cuatro años de valoración resolvió que el Congreso de Quintana Roo, específicamente la XVI Legislatura, y el titular del Ejecutivo vulneraron los principios de supremacía constitucional e igualdad, al equiparar como público un servicio privado.
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LA RESOLUCIÓN del Tercer Tribunal Colegiado en este caso, que encendió de nueva cuenta el encono de taxistas contra los conductores de Uber y bloqueos en la zona hotelera de Cancún, se basó en la jurisprudencia que a través de los años la Suprema Corte ha ido tejiendo desde que Uber entró en operación en el país y de que se suscitaron conflictos de violencia en otros estados de la república, como el vecino estado de Yucatán o Colima, cuyas respectivas leyes de movilidad fueron impugnadas en su momento a través de acciones de inconstitucionalidad cuyas respectivas resoluciones le dieron a Uber calidad jurídica como un servicio diferente al que prestan los taxistas.
PARA la justicia federal, el transporte de pasajeros prestado a través de plataformas tecnológicas reviste características que lo tornan un modelo de negocio diferente al constituido para normar el transporte de pasajeros a través de taxis, cuyo mecanismo de regulación se rige fundamentalmente a través de concesiones otorgadas para tales efectos, lo que no sucede en la otra modalidad. El servicio de transporte que se presta a través de plataformas tecnológicas tiene ciertas características distintivas, siendo la primera de ellas la contratación de un servicio de transporte privado de punto a punto; la segunda, que la contratación se realiza a través de una plataforma o aplicación tecnológica, descargable en un dispositivo de comunicación móvil que permite al usuario contactar al chofer y tener información detallada sobre la identidad del chofer y tipo de vehículo, la ruta y la tarifa; tercero, se permite la calificación tanto de los choferes como de los usuarios a través de la misma plataforma, juzga el máximo tribunal.
TOCA a la actual XVII Legislatura del Congreso modificar el contenido de los 17 artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo que aluden al transporte de pasajeros prestado a través de plataformas tecnológicas como un servicio público, equiparado con los taxistas. Además, a ellos les toca redactar las nuevas reglas de operación de Uber garantizando la seguridad a los usuarios y unidades que optan por esta opción a la que los taxistas no han dejado operar libremente después de cuatro años de conflicto que dejaron el lamentable resultado de dos muertos, tan sólo porque el anterior gobierno estatal cedió ante presiones y no quiso asumir el costo político de esta papa caliente que ahora toca resolver a Mara Lezama Espinosa.
