Por KUKULKÁN
ANTE la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, ayer fue presentado el informe anual de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción enumerando sólo cuentas alegres y omitiendo el rotundo fracaso que a lo largo de los últimos cinco años ha tenido en los procesos penales iniciados contra diversos funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, acusados de saquear el patrimonio público del estado.
DE 2017 en que fue creada a la fecha, según estas cuentas alegres, en todo este tiempo la Fiscalía tiene un acumulado de 2 mil 55 carpetas de investigación con una suma de 3 mil 816 imputados; además, se recuperaron 2 mil 139 millones 523 mil 289 pesos, de los cuales 350 millones 306 mil 464 se recuperó en efectivo (apenas el 16.37 por ciento) y 1 mil 789 millones 216 mil 823 pesos en 30 bienes inmuebles reintegrados. Lo que no se dijo es que la mayoría de los precios reportados por cada uno de esos inmuebles fueron inflados para elevar el monto de la ‘recuperación’.
EN EL GRUESO informe que la fiscal Rosaura Villanueva Arzápalo entregó al diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, en su calidad de presidente de la comisión legislativa, se concluye que del total de los delitos denunciados en contra de servidores públicos y particulares, el abuso de autoridad fue el que mayor porcentaje de incidencia presentó con un 34.2 por ciento, seguido del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público con un 15.7 por ciento, peculado con un 12.7 por ciento, negligencia en el desempeño de la función o cargo con 9.5 por ciento y el ejercicio ilícito del servicio público tuvo una incidencia del 8 por ciento.
PERO mientras doña Rosaura hacía un desglose de sus cuentas alegres durante la sesión pública de la Comisión Permanente en Chetumal, un juez federal notificaba a la Fiscalía sobre el amparo y protección de la justicia concedido a favor de José Alejandro Marrufo Roldán, ex tesorero borgista y uno de los personajes claves en los procesos que se iniciaron contra al menos 20 exfuncionarios que, a excepción de algunos, la mayoría pisó la cárcel por unas horas y salieron libres, otros andan en fuga, lo que representa un total fracaso para la dependencia creada precisamente para castigar a los responsables del saqueo del patrimonio público.
RESULTA que Marrufo Roldán logró tirar el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por un Juez de Control y Juicio Oral Penal de Primera Instancia en octubre de 2021 al encontrar elementos de su presunta responsabilidad en el delito de peculado, ante lo cual acudió a la justicia federal para promover el amparo correspondiente, el cual tocó resolver al Juez Primero de Distrito con sede en Chetumal, David Pacheco Monroy. Después de más de un año de valoración, el extesorero borgista ganó tiempo para solicitar el desechamiento de su vinculación a proceso por tratarse de un ‘hecho consumado’. A excepción de Borge, todos sus supuestos cómplices le han ido ganando a la Fiscalía.
CUANDO en 2016 el gobernador Carlos Joaquín González inició su administración su principal bandera de cambio fue que acabaría con la corrupción y la impunidad heredada por su antecesor Roberto Borge, y para ello no sólo puso de moda su eslogan publicitario de ‘quien la hace, la paga’, sino que para ese propósito creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con un presupuesto anual promedio de 50 millones de pesos que la propia Rosaura consideró insuficientes para pelear contra los mejores despachos de abogados contratados por los borgistas, con el triste desenlace de una estela de derrotas ante la justicia federal.
