- La baja accesibilidad a los hogares, dificultad de adquisición, migración y falta de derechos sociales en la CDMX.
EDUARDO CEDILLO / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La baja accesibilidad a los hogares, dificultad de adquisición, migración y falta de derechos sociales y laborales son problemáticas que deberían ser una prioridad para las autoridades capitalinas, consideraron especialistas.
“No ha sido una prioridad la política de vivienda, no nada más en escala local, sino en escala federal, y no solamente en México, sino también en América Latina, el mercado de vivienda es un mercado complejo”, señaló Adylene Bueno Aguilar, analista de ONU Hábitat.
En el contexto actual, el acceso a la vivienda para la población en etapa productiva se dificulta no sólo por la informalidad, sino por empleadores que no dotan de seguridad social, lo que impide acceder a créditos.
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Esto sumado al alto precio de la Ciudad, enciende una alarma para la intervención de autoridades capitalinas, pues el derecho a la vivienda es también la puerta para otros derechos universales.
“Quién controla el suelo, controla la Ciudad, si el suelo es costoso, el precio de la vivienda será muy alto”, sumó.
Según ONU-Hábitat, si se tiene garantizada la seguridad de acceso a la vivienda, también se garantizan los servicios básicos urbanos, pero siempre ligado a las características de esta.
Además de las necesidades básicas, algo que estamos viendo, es que la política pública debe de tomar en cuenta los deseos de la población, que no sean sólo cuatro paredes y un techo, sino que se ajuste a las necesidades de cada persona.
Ley condominal
Ayer, el Congreso de la Ciudad de México realizó un foro sobre diálogos ciudadanos en materia condominal.
Dicho foro fue organizado por la Comisión de Vivienda con motivo de la discusión de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México, propuesta por la diputada morenista Valentina Batres.
En dicho foro participaron la Procuradora Social, Claudia Ivonne Galaviz; los diputados Janecarlo Lozano, Valentina Batres, Polimnia Sierra y Esperanza Villalobos; así como Adylene Bueno, analista de ONU-Hábitat; Raúl Bautista, director ejecutivo de Operación del INVI, y Antonio Montes de Oca, presidente del Colegio de Notarios.
Parte de las modificaciones, da más poder a la Procuraduría Social para resolución de problemas, registros y administración de condominios.
“Es por ello que la Procuraduría Social no puede mantenerse sin facultades ejecutorias, limitando sus facultades a la conciliación”, dijo Galaviz.
Se busca que sea la entidad garante de los derechos de los condóminos y que asegure los servicios al interior de los condominios.
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