- En las elecciones de 2023 y 2024, el INE contará, por primera vez, con un protocolo de seguridad para resguardar a personal electoral.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- En las elecciones de 2023 y 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) contará, por primera vez, con un protocolo de seguridad para resguardar a personal electoral, documentación y alertar de riesgos a candidatos.
Aunque muchos de los procedimientos se aplicaron en procesos electorales anteriores, ante una orden del Tribunal Electoral federal, el INE creó un documento con acciones específicas y actores involucrados.
Un gran número de esas medidas son nuevas o se fortalecieron.
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En el protocolo se establece que el órgano electoral deberá pedir a las autoridades de seguridad, tanto federal como estatal y municipal, información puntual sobre localidades que representen situaciones de riesgo en el proceso electoral.
El diagnóstico deberá contemplar tres rubros: problemáticas de inseguridad, como la violencia o delincuencia grave que podrían impedir o afectar la realización de los trabajos en campo para el personal electoral; conflictos sociales, lugares tensión entre distintos grupos comunitarios que alteren el proceso, y presencia de crimen organizado, puntos donde operan bandas o estén en conflicto por cárteles y no sea adecuado entrar.
En las mesas de coordinación que se integrarán en el marco de los convenios de coordinación entre autoridades electorales y de seguridad, deberán catalogarse las complicaciones en tres niveles.
Uno, zonas, distritos o municipios con un riesgo latente de complicarse o reactivarse algún conflicto; dos, donde exista un problema que requiera la mediación de una autoridad; y tres, aquellas donde es urgente la intervención inmediata de dependencias gubernamentales.
Debido a que el protocolo se aprobó en diciembre, el INE está integrando la información. Sin embargo, en el documento rector se establece que en 2024 las acciones deberán arrancar con un mes de anticipación respecto del inicio del proceso electoral.
ZONAS CONFLICTIVAS
Entre la veintena de medidas, se establece que el órgano deberá asignar a personal para revisar las condiciones de seguridad, para los supervisores y capacitadores que recorren el país para integrar las mesas directivas.
Se evaluará en qué lugares es necesario el acompañamiento de elementos de seguridad.
El personal de las juntas locales y distritales diseñará una propuesta para las secciones electorales en conflicto, en donde se establezcan escenarios y alternativas de solución del problema.
De ser necesario, en las juntas distritales se deberá crear una comisión que dé seguimiento al cumplimiento del protocolo.
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