Endosa subalterno multa a Yensunni Martínez

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  • Yensunni Martínez toleró conducta rebelde de funcionario. Incumple con el Código de Justicia Administrativa y busca eludir sanción.
MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El incumplimiento de una sentencia legal del director general de Obras Públicas municipal en la capital del estado, Jorge Domínguez Urrea, que por su renuencia se le impuso una multa por 330 mil pesos, arrastró también a su jefa Yensunni Martínez Hernández.

A la presidenta municipal de Othón P. Blanco se le sancionó con casi 29 mil pesos por incumplir con el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, al tolerar la conducta rebelde de su subalterno.

El caso que mantiene contra las cuerdas tanto a Domínguez Urrea como a la alcaldesa de la capital quintanarroense, tiene que ver con un fallo definitivo decretado contra actos de autoridades anteriores que en su momento fueron promovidos por la particular Rosa Carmina Lizama Flores, que resolvió el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo (TJAQROO).

Los dos funcionarios intentaron evitar la ejecución de las sanciones económicas mediante amparos que interpusieron por separado, pero a ambos se les negó la protección constitucional.

Las demandas legales reclaman la sentencia del juicio contencioso administrativo 103/2019-SU1-I que decretó un magistrado de la Primera Sala Unitaria de Chetumal.

El primer juicio de garantías fue promovido por el titular de Obras Públicas (nombrado en el cargo por la alcaldesa el 6 de octubre del año pasado), el cual demandó la ejecución del cobro de 300 mil 005 pesos.

La sanción está contemplada en el párrafo primero del artículo 167 del Código de Justicia Administrativa del estado, el cual establece su imposición una vez vencido el plazo de tres meses para cumplir con las resoluciones del tribunal.

Ante la falta de justificación, la Ley dicta que se impondrá a la autoridad demandada una medida económica de apremio de 300 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En el amparo radicado bajo el número 29149009 del Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo, Jorge Domínguez reclamó la pena equivalente del monto máximo económico establecido de mil unidades de medida, el 2 de diciembre de 2021.

A pesar de que al servidor público se le concedieron suspensiones provisional (3 diciembre) y definitiva (10 diciembre) que lo protegieron unos meses, no pudo suspender ni frenar en definitiva la sanción económica, sino únicamente paralizar momentáneamente una de las etapas finales.

La sentencia del caso fue resuelta por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con sede en Xalapa, Veracruz, que resolvió no amparar ni proteger al director general de Obras Públicas, el 30 de septiembre pasado.

Pero el incumplimiento del funcionario alcanzó también a Yensunni Martínez, luego de que se le concedió (en su calidad de superior jerárquico) un plazo de tres días para obligar a su subalterno, sin demora, del cumplimiento del fallo.

El mismo Código de Justicia Administrativa estatal prevé que si al concluir el citado plazo persiste la renuencia de la autoridad demandada para acatar la sentencia, “se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a)”.

A la presidenta municipal se le decretó la pena mínima estipulada equivalente a 300 UMA; es decir, 28 mil 866 pesos equivalente al valor de la citada unidad de medida el año pasado.

Martínez Hernández solicitó el amparo y protección de la justicia federal para evitar la ejecución del cobro mediante el juicio 30632222 radicado en el Juzgado Primero de Distrito, que interpuso el 15 de agosto del año pasado.

Igual que ocurrió con su director de área, se le concedió bajo los mismos términos la suspensión provisional (16 agosto) y definitiva (30 agosto).

La protección legal “no está paralizando el procedimiento sino exclusivamente una de sus etapas finales, para el único efecto de que no se ejecute la resolución dictada”.

Igual que ocurrió con el otro quejoso, la sentencia fue resuelta por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz.

Finalmente, a Yensunni Martínez se le negaron también las medidas cautelares con una sentencia que para emitirse fue dividida en un par de días, el 20 y 24 de enero pasado, pero de las cuales en ambas se decretó “La justicia de la Unión no ampara ni protege”.

Los dos juicios se debaten en recursos de revisión. El que corresponde al director general de Obras Públicas se analiza en el Segundo Tribunal Colegiado de Quintana Roo, y el de su superior jerárquico está a la espera que se asigne el tribunal revisor.