- La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para el otorgamiento de subsidios a los estados
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Hasta 24 millones de pesos podrá obtener la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo, como parte del subsidio a las entidades para llevar a cabo acciones para localizar a la gente reportada como desaparecida o no localizada.
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para el otorgamiento de subsidios a los estados, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El monto total del subsidio asciende a 778 millones 964 mil 572 pesos, que serán distribuidos en aquellas Comisiones locales de Búsqueda que hayan realizado su respectiva solicitud, presentando un proyecto ejecutivo y, tras una evaluación, autorizado por la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Piden que TV Azteca se declare en quiebra
- Desmiente EU a AMLO sobre Trump, fentanilo…
- Declaran ilegal criminalizar aborto
Cada Comisión estatal podrá recibir hasta 24 millones 342 mil 642 pesos e independientemente del proyecto presentado, se tiene que considerar la capacitación orientada a la certificación del personal que forman parte de estas instituciones, así como del estudio de análisis de contexto con fines de búsqueda sobre la problemática de las desapariciones en el estado.
De igual forma, las beneficiarias deben aportar en una sola exhibición una coparticipación equivalente a cuando menos el 10 por ciento del monto autorizado y establecido en el convenio de coordinación.
Respecto a los proyectos ejecutivos deben alinearse al fortalecimiento de capacidades para acciones de búsqueda y localización, incluso, se podrá considerar de manera optativa equipos, herramientas y uniformes para las labores que lleva a cabo la institución, situación que deberán estipular.
El subsidio está sujeto a la fiscalización y auditoría de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y demás órganos supervisores, en el ámbito de sus respectivas competencias.
