Por KUKULKÁN
LA MALA imagen que ha dejado a Cancún el conflicto entre taxistas y conductores de Uber sigue sorprendiendo a propios y extraños, que no entienden el porqué continúa el acoso de algunos servidores del transporte público, a menor escala desde luego, aun cuando ya existe una orden judicial federal que declara legal la operación del transporte a través de la plataforma digital. El tema no es nuevo, se generó desde la pasada administración de Carlos Joaquín González, particularmente cuando entró en vigor la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, la cual originalmente sí contempló la opción del sistema de transporte particular, pero tuvo que dar marcha atrás ante la presión y amenazas de los sindicatos de taxistas de la entidad.
CEDER ante la actitud amenazante de los sindicatos creados por el PRI como brazos operadores, y donde varios políticos monopolizan el negocio de las concesiones de placas, sólo envalentonó aún más a los taxistas que ante tal impunidad de plano suplieron las facultades de la autoridad para emprender directamente la detención de los conductores de Uber que estuvieran prestando el servicio sin contar con la placa correspondiente, lo que acumuló una serie de demandas de amparo y las escandalizantes escenas de violencia con turistas a bordo que recorrieron el globo terráqueo. Lo que Carlos Joaquín no quiso solucionar con la ley en la mano, ahora le ha correspondido resolver a Mara Lezama Espinosa con una estrategia diferente que por primera vez logró sentar en la misma mesa a las irreconciliables partes en conflicto.
COMO parte de las mesas de diálogo acordadas y encabezadas por el gobierno del Estado, se reunieron representantes de transporte de la plataforma digital Uber, Didi, sindicatos de taxistas, cámaras empresariales y autoridades del ejecutivo, seguridad, diputados y del Instituto de Movilidad de Quintana Roo para buscar acuerdos y garantizar el transporte; así como la seguridad de las y los usuarios, visitantes y turistas. Se ha escuchado a todas las partes y todos dieron sus opiniones para perfeccionar la ley vigente, que la justicia federal ordenó modificar, con el objetivo general de brindar el mejor servicio. En el Congreso local calculan que las reformas y reglamentación de la Ley de Movilidad estarán listas a finales de marzo, por lo que actualmente los conductores de Uber continúan operando con el amparo ganado recientemente, interpretado por los taxistas como un limbo jurídico para seguir acosando.
LUEGO de las reuniones, la gerente de Políticas Públicas para Uber en México, Julia Ortiz Ríos, reconoció que ha existido en todo momento apertura por parte del Gobierno del Estado y el objetivo principal de garantizar la seguridad de los usuarios y transportistas. Por parte de las autoridades, la secretaria de Gobierno Cristina Torres confirmó que se está trabajando para tener la ley y el reglamento a finales del mes de marzo. ‘Hasta el día de hoy se tienen catorce propuestas que permiten la participación de los ciudadanos’, dijo. El punto neurálgico de las reformas es el monto sobre costos que tendrán los trámites y permisos para prestar el servicio de transporte privado a través de plataformas digitales. Por un lado, los taxistas piden que costos sean similares a los establecidos para ellos como transporte público. Por el otro, conductores de Uber alegan que la justicia federal declaró que son servicios diferentes por lo que no se pueden aplicar las mismas tarifas.
