Por KUKULKÁN
EN SENTIDO opuesto al postulado de “primero los pobres” pregonado por el gobierno de la Cuarta Transformación, en Quintana Roo 16 trabajadores quienes después de 20 años de juicios finalmente obtuvieron de su patrón los pagos de salarios caídos por despido injustificado, están a punto de perderlo todo. Menos de seis meses les duró el gusto de que un juez federal ordenara el desalojo y entrega en propiedad de las instalaciones del hotel para el cual trabajaron, mismas que el fin de semana pasado les fueron aseguradas a petición de la Fiscalía General del Estado y la expedita orden de un juez estatal pretextando una denuncia anónima vía digital de que el lugar operaba como un centro de narcomenudeo, aunque al final de la diligencia supuestamente confiscaron unos envoltorios con marihuana y no hubo detenidos a pesar de que al interior del inmueble había cuatro personas en el momento de cateo.
PARA los afectados, al parecer las autoridades estatales se confabularon con el ex dueño del hotel Tomás Auñión a fin de recuperar la propiedad a través de un montaje legal donde pretenden involucrarse actividades relacionadas con delincuencia organizada. Y señalan como operadores de esta trama, al fiscal Óscar Montes de Oca, a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Flor Ruiz Cosio con el apoyo del Poder Judicial que encabeza el magistrado presidente Heyden Cebada Rivas. En primera, dicen, las denuncias anónimas por narcomenudeo son la vieja justificación del modus operandi de la Fiscalía para despojar a incautos de propiedades de alto valor adquisitivo que tuvo su auge durante la pasada administración de Carlos Joaquín González.
LA CANTIDAD total del adeudo reclamado por los trabajadores fue de 90 millones de pesos, por lo que en julio de 2002 un juez puso en remate el inmueble que otrora ocuparon las instalaciones de ‘Las Velas Resort Cancún’ y en cuarta almoneda los trabajadores de adjudicaron judicialmente la propiedad. El proceso legal continuó para aplicar la resolución judicial y es hasta el 16 de enero de 2020 que el predio se escritura ante el Registro Pública de la propiedad en el estado a nombre de los nuevos dueños. La resistencia de Tomás Auñión para entregar las instalaciones se prolonga hasta el pasado 20 de septiembre de 2022, cuando se ordenó el desalojo en favor de los trabajadores.
ESA OCASIÓN, Tomás Auñión amenazó a través de un video con revertir la resolución judicial en su contra y presumió relaciones con altos funcionarios del nuevo gobierno que le ayudarían a recuperarla. Los nuevos propietarios consideran que el empresario hotelero cumplió su palabra por lo que se avizora otra prolongada pelea legal para destrabar una posible denuncia por fraude procesal que paralelamente parecen ya estar armando en la Fiscalía que, a juicio de los afectados, no procederá porque la orden de entregar el inmueble a los nuevos propietarios provino de un juez federal en sentencia definitiva. Como patrón, Tomás Auñión tiene fama de explotador, avaro y mezquino. Su éxito empresarial fue fugaz, se le recuerda más por estar envuelto en proyectos hoteleros frustrados y como cliente frecuente de tribunales en asuntos laborales y civiles. Todo un prototipo de la mafia del poder de administraciones pasadas, a los que el Gobierno de la Cuarta Transformación ya no quiere ver vigentes.
