Por KUKULKÁN
ANTE la controversia constitucional presentada por el Poder Judicial de Quintana Roo en contra de la Ley del Presupuesto de Egresos 2023 que autorizó a la gobernadora Mara Lezama Espinosa afectar y reducir los gastos de los poderes y órganos autónomos del estado —bajo la justificación de la austeridad institucional para generar ahorros y destinarlos a fines sociales—, los diputados de la XVI Legislatura diseñan con magistrados un acuerdo extrajudicial para remediar el ‘error’ mediante una modificación que le garantice recursos suficientes como para asegurar el desempeño de sus obligaciones jurisdiccionales para el presente ejercicio fiscal que ya va corriendo su tercer mes.
A PARTIR del decreto de esta ley, se aprobó una reducción de 10 por ciento al gasto operativo de los órganos autónomos respecto al presupuesto ordinario para el 2022, que en conjunto representa un ahorro de 41 millones 560 mil 668 pesos. Aunque todavía se desconoce de qué tamaño será el costo de este error que ya fue asumido por el Legislativo, hasta ahora muy pocos se explican por qué siendo parte del mismo equipo de la gobernadora, el magistrado presidente Heyden Cebada Rivas recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para controvertir una ley aprobada y avalada previamente por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
EN EL TERRENO jurídico, las controversias constitucionales son recursos legales para que autoridades de los tres niveles de gobierno diriman entre sí sus diferencias relacionadas generalmente por conflictos donde se presume invasión de la esfera de competencias. Los mal pensados especulan que ya hay un rompimiento entre los titulares del Poder Ejecutivo y del Judicial derivado de la presentación de la controversia 227/2023 ante el máximo tribunal del país, así como de la inflamación del ego que padece Heyden Cebada, quien en corto dice deberle el cargo a Carlos Joaquín González, no a Mara Lezama quien también lo avaló. Los bien intencionados interpretan que son conflictos normales dentro de una democracia y que si hay diferencias son parte de la nueva relación de respeto de la independencia entre poderes públicos. Hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido en sus mañaneras que se equivocó con las propuestas que él hizo para designar ministros de la Suprema Corte, quienes ahora parecen más sus adversarios.
QUIEN rechaza que tanto Ejecutivo como Legislativo se hayan doblegado ante el Poder Judicial, es Humberto Aldana Navarro, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y coordinador del grupo parlamentario de Morena. Fue una sesuda disertación sobre la vulnerable situación financiera por la que atraviesan los diferentes órganos encargados de impartir justicia, en la que participó el magistrado Heyden Cebada y en la que se decidió recomponer el disminuido presupuesto del Tribunal Superior de Justicia que, para este año fue de 714.6 millones de pesos, apenas 9 millones más que en 2022, cuando se les aprobaron 705.8 millones de pesos.
ALDANA contó los detalles: “Hablamos de la afectación que sienten desde el poder judicial de haber sido alterados en su presupuesto, para ellos no fue bueno hacer valida la propuesta de austeridad y reducirles el presupuesto de la manera como se les redujo…estamos preparando una propuesta para reformar el tema del presupuesto judicial que contenga un fin de austeridad, pero que también sea suficiente para realizar las tareas que ese poder tiene por obligación”. El diputado explicó que la controversia constitucional es un tema muy diferente al acuerdo entre Legislativo y Judicial, aunque deslizó que de prosperar las negociaciones podría retirarse en caso. Más vale un mal arreglo que un buen pleito.
