- La Sedena detectó entre febrero y julio de 2019 probables anomalías en el sistema electrónico de la farmacia del Hospital Central Militar.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional investiga militares que ingresaron en forma ilegal a su Sistema Digital de Sanidad, para elaborar recetas apócrifas, prescribir medicamentos a quienes no los requerían y modificar expedientes clínicos electrónicos.
Por estos hechos, el Mayor Ernesto Pérez Méndez o Ernesto Pérez Hernández estuvo encarcelado en el Campo Militar Número 1, sujeto a proceso por los delitos de acceso ilícito a sistemas y equipos de Informática del estado, y falsificación, por la modificación de la información digitalizada.
La Sedena detectó que entre febrero y julio de 2019 se presentaron probables anomalías en el sistema electrónico del departamento de farmacia del Hospital Central Militar y las cédulas analíticas de medicamento de alta especialidad y alto costo.
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Al Mayor, residente en medicina interna, la Fiscalía Militar lo acusó de usar una clave de usuario y contraseña de otros médicos militares para ingresar al sistema y elaborar unas 17 recetas médicas individuales, prescribiendo medicamentos a nombre de pacientes que no los necesitaban.
La presunta ilegalidad tuvo como consecuencia que se modificara la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos que se encuentran en el citado Sistema. El acusado no usó ni su clave personal ni sus propios equipos para ingresar al sistema.
Según la indagatoria, Pérez supuestamente utilizó una laptop MacBook Pro propiedad de una médico de pregrado, así como el CPU de otro Mayor Médico Cirujano, quien estaba comisionado en la Jefatura de la Sala de Medicina de Mujeres y también está imputado por los mismos hechos.
“El Mayor hizo uso de usuarios y contraseñas de médicos que no le habían otorgado su consentimiento para usarlas y el hoy acusado les atribuyó la calidad de médico tratante, al elaborar en su nombre recetas médicas”, dice la acusación.
“Una vez generadas las recetas médicas, las descargó del sistema digital de sanidad cambiándole la fecha de elaboración, fecha y hora de autorización y fecha y hora de impresión, haciendo entrega de las mismas a terceras personas para que se dispensaran los medicamentos prescritos, con lo cual se provocó un daño a los bienes de la Defensa Nacional.”
No es el primer caso de esta naturaleza denunciado por la Sedena, ya que en 2021 también fue procesado por fraude el Mayor Nahúm Alejandro Espino Hernández, por presuntamente desviar medicinas del Hospital Central Militar, en algunos casos haciendo creer que eran para un tratamiento de su madre.
En 2019, cuando ocurrieron los hechos, Espino era Jefe de la Subsección de Normatividad y Calidad del Hospital Militar Zona Constituyentes. En el sexenio pasado fue representante de la Sedena ante el Comité de Medicamentos del Consejo de Salubridad General. Su proceso lo lleva en libertad.
PROCESO JUDICIAL
El caso por el que fue acusado el Mayor Ernesto Pérez Méndez o Ernesto Pérez Hernández, tiene su origen en una denuncia de hechos presentada el 20 de junio de 2019 ante la Fiscalía castrense.
Pérez fue procesado y encarcelado en el Campo Militar Número 1 por los delitos de acceso ilícito a sistemas y equipos de Informática del estado, y falsificación.
El 14 de diciembre de 2021 fue absuelto de los dos delitos y abandonó la prisión castrense, sin embargo, la Fiscalía Militar apeló el fallo y consiguió revertirlo.
El 21 de febrero de 2022 el Tribunal Superior Militar sentenció al Mayor a 9 años y medio de cárcel y a una multa de 33 mil 796 pesos, por los dos ilícitos, considerando las declaraciones de 25 testigos y diversos documentos.
Esta vez el sentenciado presentó un amparo directo contra la condena y el 4 de agosto de 2022 el Sexto Tribunal Colegiado Penal le concedió la protección de la justicia y ordenó reponer la sentencia.
De acuerdo con la versión pública de esta sentencia, los magistrados le dieron el amparo porque cuando la Fiscalía impugnó la absolución de primera instancia, el Mayor no fue notificado de la apelación, no obstante que su abogado sí fue informado.
El colegiado también instruyó a su homólogo castrense que, en caso de analizar las pruebas, deberá responder un planteamiento de la defensa, que exige invalidar un dictamen de contabilidad con los estados de cuenta del Mayor, de enero a diciembre de 2019, ya que fue obtenido sin orden judicial.
El fallo precisa que, en caso de dictar una sentencia condenatoria, el tribunal militar no podrá pronunciarse en cuanto a las penas, sino que deberá devolver el asunto para una audiencia de individualización de sanciones. En ese caso, la condena no podrá ser mayor a la ya dictada de 9 años y medio de cárcel.
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