- Las sanciones penales y administrativas por el delito de corrupción se redujeron en los últimos años, como consecuencia de la reducción del presupuesto.
MARTHA MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Las sanciones penales y administrativas por el delito de corrupción se redujeron en los últimos años, como consecuencia de la reducción del presupuesto, el debilitamiento de las labores de fiscalización y la integración incompleta de lagunas instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez.
El reporte “¿Cómo se castiga la corrupción en México? Los resultados del combate a la corrupción a la luz de las sanciones administrativas y penales aplicadas a los servidores públicos 2013-2021”, indica que aunque el Ministerio Público abrió 140 mil averiguaciones y carpetas de investigación entre 2014 y 2020, para 2021 sólo mil 465 personas se encontraban presas por el delito de corrupción.
Esta cifra, advierte, es significativamente menor a la de otros delitos, como el robo, que ese año sumó más de 125 mil personas presas; el homicidio, con 51 mil personas recluidas, y el secuestro, con 37 mil detenidos.
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De acuerdo con el documento, el número de personas que ingresaron a la cárcel por el delito de corrupción también ha ido a la baja.
Según las cifras, en 2021 ingresaron a las cárceles del país 860 personas acusadas de ese delito, lo que representó una reducción del 55 por ciento con respecto al año anterior, cuando fueron procesadas mil 942 personas.
En el plano administrativo, refiere el informe, las sanciones por faltas graves también han descendido considerablemente, pues entre 2016 y 2020, las destituciones de servidores públicos federales cayeron en 71 por ciento y las inhabilitaciones 68 por ciento.
El estudio sostiene que la disminución de las sanciones parece tener múltiples causas, entre ellas, la reducción del presupuesto a las instituciones que tiene atribuciones de control, seguimiento y auditoría; el debilitamiento y la pérdida de eficacia de las labores de fiscalización, y la incompleta integración de algunas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
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