- Gobierno Federal realizará esfuerzos para parar a los extorsionadores que operan desde las prisiones del país.
ANTONIO BARANDA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades estatales, en coordinación con el Gobierno federal, harán trabajos conjuntos de inteligencia penitenciaria.
Durante el primer semestre del año, celebrarán acuerdos de colaboración en la materia, con el fin de materializar dichos trabajos a partir del segundo semestre.
Según informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la finalidad es identificar y dar “atención puntual” a la comisión de ilícitos por parte de personas privadas de la libertad.
La estrategia, que se acordó en el seno de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, pone énfasis en la prevención de delitos como la extorsión y el secuestro.
“(Se) identifica la importancia de generar productos de inteligencia que permitan una atención puntual en los delitos en materia de secuestro, extorsión y trata de personas en su modalidad de explotación sexual”, señalan.
“A través de la recopilación planificada en forma objetiva, estratégica y operativa, para detectar a las personas privadas de su libertad, las visitas, el personal de los centros penitenciarios y las organizaciones que planean involucrarse en una actividad ilícita”, indica.
Gruo REFORMA publicó en febrero pasado que, según estimaciones de expertos, desde los reclusorios salen cada día alrededor de 10 mil llamadas con intentos de extorsión.
Aunque los celulares están prohibidos en los penales, existen auténticos “call center” que operan en impunidad y con la complicidad de autoridades carcelarias.
El establecimiento de tareas conjuntas de inteligencia penitenciaria también busca detectar amenazas al orden y a la seguridad de los establecimientos penitenciarios.
“(Las autoridades) se comprometen a la celebración de acuerdos de colaboración en materia de inteligencia penitenciaria, con la Coordinación Nacional Antisecuestro y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social”, establecen los informes.
“Mismos que deberán elaborarse durante el primer semestre de 2023, para ser ejecutados en el segundo semestre del mismo año”.
Objetivos prioritarios Las entidades federativas impulsan una plataforma denominada “sistema de objetivos prioritarios”, para compartir información sobre los delincuentes más buscados de cada territorio estatal.
De acuerdo con documentos oficiales de las conferencias nacionales de Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, es imprescindible contar con dicha herramienta para centralizar la información.
“El intercambio de información entre instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia es de vital importancia para la atención y detección en tiempo de objetivos que son considerados prioritarios en cada entidad federativa.
“Por lo que es imprescindible contar con una herramienta que permita centralizar la información antes referida, con la finalidad de que se pueda realizar una búsqueda exhaustiva de estos objetivos”, se lee.
Los documentos, elaborados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indican que el “sistema de objetivos prioritarios” se entrelazará a las bases de datos del Sistema Nacional de Información.
“Y estar en posibilidad de dar aviso a la entidad federativa que emitió la alerta sobre el paradero, o bien, detención del objetivo.
“Es por ello que las y los Secretarios de Seguridad Pública… acuerdan suministrar, consultar y actualizar el Sistema de Objetivos Prioritarios, así como incluirlo en su plan de capacitación”, puntualizan los informes emanados de las reuniones regionales de seguridad que se llevaron a cabo durante 2022.
Tanto la Federación como los estados cuentan con sus respectivas listas de “objetivos prioritarios”, aunque no hay una plataforma nacional a la que los estados tengan acceso, que concentre los nombres y perfiles de cada uno.
Hasta octubre pasado, el Gobierno federal había reportado la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, incluidos 6 mil 43 miembros de organizaciones criminales, de los cuales 2 mil 216 eran considerados objetivos prioritarios.
De la misma manera, los estados han acordado avanzar en la consolidación del “Tablero de Mando” del Registro Nacional de Detenciones por faltas administrativas y hechos probablemente delictivos.
“La atención de estrategias para disminuir las faltas administrativas tienen una relación directamente proporcional con la escalada hacía un hecho probablemente delictivo”, agregan los informes de la SSPC.
