- Consigue protección federal de forma momentánea. Queda protegida ante una nueva intervención de fuerzas federales y estatales.
MARCO ANTONIO BARRERA
SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Las empresas Calizas Industriales del Carmen (Calica) y Rancho Piedra Caliza (Rapica) lograron blindar momentáneamente la terminal portuaria de Punta Venado del municipio de Solidaridad.
Ambas compañías filiales de la estadounidense “Vulcan Materials” consiguieron la endeble protección federal mediante una resolución judicial que les fue favorable sobre las instalaciones portuarias que tienen concesionadas hasta el 30 de abril de 2037.
Igualmente, en un segundo amparo, les fue concedida una suspensión definitiva contra la ampliación de la clausura temporal en las canteras de roca caliza que se extraían por debajo del manto freático, decretada el pasado 2 de enero.
El primer fallo provino de una suspensión de plano favorable a Rancho Piedra Caliza, S.A. de C.V. que reclamó una confiscación de bienes de las instalaciones de la terminal marítima de altura de la que cuenta con el título concesión DGZF-079/18.
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Con la medida cautelar decretada en el juicio de amparo del Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo, las compañías quedarán protegidas por el momento contra otra irrupción de elementos de la Novena Región Naval de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía General del Estado (FGE), como ocurrió el pasado 14 de marzo.
La protección constitucional provino del juicio de garantías número 32290490 presentado el 16 de marzo pasado, en cuyo mismo día se le otorgó la resolución favorable.
El reclamado ingreso de las fuerzas federales y estatales a las instalaciones de Punta Venado fue justificado por la empresa Cemex como una acción que avaló un juez local para descargar cemento almacenado, la cual provocó la inconformidad de la empresa y de algunos congresistas en los Estados Unidos.
En un segundo amparo, Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. obtuvo una suspensión definitiva contra la ampliación de las medidas de seguridad a los predios extractivos decretada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el pasado 2 de enero.
En el amparo 31948900 del Juzgado Noveno de Distrito se reclamó legalmente la ampliación de los alcances del oficio PFPA/4.1/8C.17.5/001-23 girado por el director general de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre.
La compañía pidió que las clausuras totales derivadas de las actas de inspección en materia forestal y de impacto ambiental continúen bajo los mismos términos en que originalmente fueron dictadas.
La resolución impugnada restringe el tránsito de personal por las citadas instalaciones en las que se detectaron trabajos de preparación del sitio en terrenos forestales, donde se dio el indebido cambio de uso de suelo y en los predios donde se constataron daños al medio ambiente.
El reporte que decretó la clausura temporal total provino de la Semarnat al señalar que Calica (que posteriormente cambió su nombre comercial a Sac-Tun), modificó de manera irreparable e irreversible la geomorfología natural del terreno.
Se responsabilizó a la citada empresa de provocar la ruptura de la evolución geológica del perfil kárstico, con la consecuente operación de la presión del acuífero afectando la hidrodinámica, al romperse una mayor superficie de confinamiento como parte de trabajos de preparación del sitio y construcción del proyecto en el predio “La Rosita”.
“… al haberse modificado el cauce de las corrientes subterráneas se puso en riesgo el equilibrio hidráulico que se establece naturalmente entre ambos subsistemas acuáticos, al ocasionar la ruptura de las reservas de agua subterránea libre o en confinamiento, lo cual las hace no aptas para el consumo humano o el riesgo, y con ello, el riesgo a la salud pública”.
La clausura total temporal ambiental por daños medioambientales en las plantas extractivas de “La Adelita” y “El Corchalito”, y en materia forestal en “La Rosita” provino de una instrucción verbal de clausurar las operaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un par de conferencias mañaneras de mayo pasado.
El juzgador federal admitió el juicio de garantías el 24 de enero pasado, concedió la suspensión provisional al siguiente 3 de febrero, y otorgó la suspensión definitiva en los mismos términos el martes 28 de marzo.
