Heredó Carlos Joaquín freno a desarrollo urbano

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  • El gobierno de Joaquín González abandonó la gestión y negociación que ahora mantiene sin posibilidad de autorización para inversionistas y desarrolladores inmobiliarios.

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- La ilegal prohibición a los municipios para otorgar autorizaciones en materia de desarrollo urbano y ecológico en sus respectivas demarcaciones implementado desde 2021 por el gobierno pasado de Carlos Joaquín González, mantiene en latente riesgo las inversiones en proyectos inmobiliarios para impulsar sus economías, declaró Adrián Sánchez Domínguez, secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

El funcionario recordó que este conflicto se suscitó por la promulgación y expedición de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, la cual otorgó al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo facultades más allá de la Constitución federal en materia de medio ambiente, invadiendo la esfera de competencia de los municipios, por lo que en su momento se presentaron diversas controversias constitucionales que llevaron al gobierno de Carlos Joaquín a una negociación.

Desde junio pasado se acordó retirar esos recursos legales y firmar un convenio, entre estado y municipios, para suspender, revisar y reformar con la entidad y los Ayuntamientos de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y Othón P. Blanco la mencionada Ley y los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMTEDUS).

‘Nunca se concretó la firma de ese convenio con el único argumento de no tener espacio en la agenda del exgobernador Carlos Joaquín González, según la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) encabezada en ese entonces por Efraín Villanueva Arcos, acusa Sánchez Domínguez’, acusa Sánchez Domínguez.

Después vino cambio de administración, se abandonó la gestión y negociación, y se rompió la tregua que ahora mantiene sin posibilidad de autorización para inversionistas y desarrolladores inmobiliarios interesados en invertir en áreas principalmente turísticas, como Mahahual, cercanas a las costas o ríos y lagunas, aunque una parte de la Ley estatal se mantiene vigente, indicó.

Este acuerdo y firma del convenio evitaría un procedimiento contencioso muy largo, el cual afectará entre otras cosas la llegada de inversiones, al no existir para desarrolladores e inversionistas certeza en la tramitación de manifestaciones de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, entre otros, explica el secretario general.

De acuerdo a las argumentaciones jurídicas de los juicios de controversia, la ley y los PMTEDUS son considerados instrumentos que desde sus articulados privilegian la actividad inmobiliaria y dejan de lado la protección y el cuidado del entorno ecológico, incluidas las de las áreas que son facultad exclusiva de la Federación en cuanto a su ordenamiento y uso indistinto.

También se dieron facultades al Ejecutivo para otorgar cambio de usos de suelos forestal y áreas protegidas, así como otros criterios en materia ecológica que corresponden a la Semarnat o en su caso deben ser revisados y autorizados por los tres órdenes de gobierno, reclama.

Desde la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros, su dirigente Eduardo Sánchez Anaya, advirtió que el veto jurídico para autorizar desde los Ayuntamientos de Quintana Roo trámites en materia ecológica está vigente en tres municipios, luego de que en febrero pasado se sobreseyó la controversia contra Tulum.

Advirtió la urgencia para resolver el problema a través de actualizar sus programas de ordenamiento urbano y ecológico con enfoques de respeto a la naturaleza y respetando las atribuciones legales del gobierno federal.

En Tulum, cuando menos 14 proyectos turísticos de gran envergadura han dejado de realizarse por esta situación que se dejó de lado en su resolución por la administración estatal saliente, aunque ahora podrían reactivarse

Añadió que esta situación se le ha dado a conocer en diversas ocasiones al secretario de turismo federal, Miguel Torruco Marqués, quien no ha mostrado mucho interés.

Apenas la semana pasada, la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del estado, encabezada por Yohanet Torres Muñoz, convocó a una reunión con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) para ir trabajando en la propuesta que podría armonizar la Ley y destrabar el problema dejado por la anterior administración.